Pocos instantes después de las doce del mediodía aparecía un vehículo en el aparcamiento de José Zorrilla conducido por la primera usuaria de una de las 55 plazas de rotación cuando han pasado más de tres años desde que la empresa concesionaria dejase de ofrecer este servicio en la instalación pública.
La respuesta de los conductores segovianos al anuncio del Gobierno municipal de reapertura de esta infraestructura de movilidad, a seis días de las elecciones municipales, ha sido tímida, como indica que en la primera hora no llegase a la media docena el número de usuarios de las plazas de rotación.
Mejor ha sido la aceptación de los abonos, ya que fuentes municipales indican que hasta las 12 del mediodía eran en torno a 25 las solicitudes para abonos sin reserva de plaza y 6 para el abono anual con reserva de plaza.
El concejal de Tráfico y Movilidad, Ramón Muñoz-Torrero, junto al intendente jefe de la Policía Local, Julio Rodríguez Fuentetaja, técnicos municipales y de la empresa encargada del mantenimiento de los sistemas de acceso, comprobaban en ese momento el funcionamiento de los dispositivos, así como otros elementos como los carteles informativos sobre precios y tarifas de abonos de la instalación.
Muñoz-Torrero, que indica que el Ayuntamiento hará una campaña informativa para dar a conocer la reapertura y los precios, que considera adecuados, admite que todavía pueden mejorarse las condiciones del parking, incluyendo la posibilidad de contar con un operario municipal que, a su juicio, podría también estar al cargo de las instalaciones de la estación de autobuses.
Señala, sin embargo, que no ha sido posible en el mandato corporativo que ahora finaliza por los condicionantes de la normativa estatal para crear empleo público.
El concejal, que no repite en la lista del PSOE para el Ayuntamiento de Segovia, ha indicado que las humedades de las plantas inferiores “van a estar siempre porque es una zona en la que hay arroyos pero el Ayuntamiento estará vigilante en el mantenimiento”.
Por otro lado, considera que un periodo de seis meses puede ser suficiente como test para comprobar si las estimaciones de ingresos y gastos han sido adecuadas o si será necesario un ajuste tanto en precios como en la distribución de plazas.
Está pendiente la firma de un convenio con las asociaciones de comerciantes de la zona y no se descartan otros acuerdos puntuales con instituciones o empresas.
