La Audiencia Provincial ha declarado visto para sentencia el juicio que dirimirá la responsabilidad penal de los implicados en una presunta red de prostitución en varios clubes de alterne de Segovia y otras capitales de la región, en el que el acuerdo de conformidad con las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal ha dejado únicamente a dos de los acusados a la espera de sentencia firme, mientras que el resto se librarán de la prisión.
Los dos acusados que permanecieron en el juicio son dos de los camareros del club ‘Punto Cero’ de La Lastrilla, a los que la Fiscalía les imputa un presunto delito de promoción, favorecimiento o facilitación del tráfico ilegal de personas, al considerarles cooperadores necesarios en la organización y el control de las mujeres que ejercían la prostitución en el local.
En su informe final, la fiscal aseguró que a lo largo de la vista oral ha quedado suficientemente probado la comisión de los delitos argumentados en la causa, donde las mujeres procedentes de Brasil llegaban a los clubes conscientes de que venían a ejercer la prostitución pero engañadas y coaccionadas tanto en las condiciones de trabajo como a través de las amenazas que sufrían si no hacían frente a la deuda contraída con la captadora para sufragar los gastos de su traslado a España.
La Fiscalía modificó su petición inicial de penas de 13 a 12 delitos, ya que durante la vista oral una de las presuntas víctima se desdijo de su testimonio inicial, pero señaló que el resto de las mujeres vivieron una “especial situación de vulnerabilidad” durante su trabajo en los clubes de alterne, donde vivían y trabajaban “bajo la sumisión de sus explotadores, apremiadas por la necesidad económica de una precaria situación personal y familiar en su país de origen”.
Asimismo, señaló que los informes policiales y el testimonio de las víctimas ha dejado probada la organización del trabajo en los clubes, donde las mujeres se veían obligadas a dar cuenta de sus ‘pases’ –denominación que daban a sus servicios sexuales- y a sus entradas y salidas, controladas por los camareros del local. Sobre este aspecto, la fiscal señaló que los dos camareros de club de La Lastrilla encausados “conocían perfectamente esta actividad y colaboraban en la vigilancia y el control a través de las anotaciones en un cuadrante y de los ‘tickets’ de las consumiciones que las mujeres llevaban a cabo durante su trabajo.
Por otra parte, se refirió también a la indemnización solicitada por algunas de las víctimas –otras renunciaron expresamente durante la vista oral- y apeló a la jurisprudencia sobre casos similares para solicitar 12.000 euros para cada una de ellas.
Los letrados de los dos acusados expresaron su oposición a las tesis de la fiscalía y mantuvieron su petición de libre absolución para sus patrocinados, calificando de “aberración” la petición de penas de prisión por un delito que no ha quedado suficientemente probado bajo su criterio. Así, uno de los letrados aseguró que la Fiscalía “se ha visto superada por un auto marcado por la actuación policial, que ha derivado en una acusación exagerada e inconcreta”.
Además, señaló que las dilaciones en la causa –que han sido tenidas en cuenta como atenuantes en el juicio- han motivado que la práctica totalidad de los testimonios de las mujeres estén marcados por la ausencia de datos fidedignos al transcurrir 13 años desde la presunta comisión de los delitos, y expresó su protesta –a la que se unieron la del resto de letrados- por incluir declaraciones policiales como testimonio “sin posibilidad de contradecir y en ocasiones realizadas tiempo después de la comisión de los hechos”.
