Traían a las mujeres desde sus países de origen, sobre todo Brasil, con la promesa de trabajar y ganar dinero, sin decirlas a lo realmente se iban a dedicar, y luego les retenían el dinero bajo amenazas. Finalmente, tras las denuncias de algunas de ellas y la intervención de la Policía se puso fin a la explotación sexual de estas mujeres, que estuvieron ejerciendo la prostitución en varios clubs de Segovia y de otras provincias, entre otros, el Punto Zero, situado en La Lastrilla —hoy cerrado—, o en La Capea, en Cantalejo.
La Audiencia Provincial comienza hoy a estudiar las cuestiones judiciales previas a un juicio que tiene 15 acusados y unos 20 testigos. La vista oral comenzará el día 14 de mayo y terminará el 22. En el banquillo se sentará como principal responsable de la red una mujer de nacionalidad brasileña que, según la Fiscalía, dirigía la red que traía a España compatriotas suyas para ejercer la prostitución. Contaba para ello en su país con la colaboración de otras dos mujeres que la facilitaban el teléfono de jóvenes en situación precaria e interesadas en venir a España a trabajar. La red las entregaba allí el billete de avión, una reserva de hotel y la denominada ‘bolsa de viaje’, que era dinero en efectivo para mostrar en los controles aduaneros y aparentar así que venían como turistas.
Ya en España contactaban con la cabecilla de la red, que les retiraba el dinero que traían y les informaba de la deuda que habían adquirido. La cifra era arbitraria, según la Fiscalía. Entre 3.500 y 4.000 euros, siempre muy por encima del dinero suministrado para el viaje. Las decía que debían satisfacer esta deuda mediante el alterne y la prostitución. Y trasladaba a las mujeres a los clubs donde esta mujer cabecilla tenía acuerdos comerciales: el Punto Zero, en La Lastrilla; La Capea, en Cantalejo; Boomerang, en Sanchidrián; y el Golden Sex, en Fonfría (Zamora).
De este modo, la cabecilla les suministraba mujeres. Las visitaba semanal o quincenalmente para recaudar el dinero que habían obtenido prostituyéndose, para pagar la deuda. La red tenía en cada club una persona de confianza que informaba de las ganancias de cada prostituta. A unas las retiraba todo el dinero o al menos la mitad. Además las mujeres debían pagar al club cada jornada ‘la diaria’, una cantidad en concepto de alojamiento. Solía ser el importe del primer servicio, entre 20 y 40 euros.
La mujer cabecilla presionaba a las prostitutas cuando no obtenían suficiente rendimiento. Las cambiaba de club y llegaba a amenazarlas de muerte a ellas o a sus familiares, impidiéndolas marcharse mientras mantuvieran la deuda.
Según la Fiscalía existen al menos una quincena de mujeres que vinieron en estas condiciones entre enero y noviembre de 2006 a España. Una de ellas, que estuvo en el Punto Zero y luego en La Capea llegó a huir del local tras las presiones y amenazas sufridas. Pero fuera de la prostitución siguió pagando ante las amenazas que seguía recibiendo.
No fue la única que huyó de este club cantalejano. Otra también, pero fue recogida por la propia red y trasladada a Ávila, y también amenazada de muerte.
Junto a la mujer brasileña a la que se considera cabecilla de la red operaba su compañero sentimental, quien, para regular la situación de su pareja, figuraba como su jefe. Ambos se desplazaban a los clubs para recaudar los importes. Eran titulares de una cuenta bancaria desde la que hacían algunos pagos a Brasil para financiar los viajes de otras mujeres en similar situación. Estos dos y los dueños de los clubes de alterne tenían establecidos las condiciones de la explotación: horarios, días libres, duración de la relación con cada cliente, precios, pago por alojamiento, e incluso el importe de las multas por incumplirmientos. Los camareros de los clubs conocían estos detalles, la situación de vulnerabilidad de las mujeres, y eran los responsables de anotar la contabilidad.
El día que la Policía hizo un registro encontró en casa de los cabecillas casi 5.000 euros en metálico. Además había 1.175 euros en el Punto Zero, y 4.855 en La Capea.
Las copas que se servían en los clubes tenían un precio de entre 20 y 40 euros. La mitad del importe era para la víctima. También los servicios se cobraban a precios desde 35 a 40 euros, pero podrían llegar a 90 y a 250 euros si salían del local, siempre con un tiempo máximo de media hora. Ellas debían pagar al local la ‘diaria’ por alojamiento, los gastos de sábanas desechables, y además saldar la deuda que tenían contraída con la red. Los horarios eran siempre desde por la tarde hasta la madrugada, ampliando algomás el tiempo los fines de semana.
Esta causa judicial ha estado paralizada varios meses para realizar varios informes periciales. Algunos de los acusados han estado ya en prisión provisional. Los delitos a los que se enfrentan se basan en tráfico ilegal de personas e inmigración clandestina, intimidación y engaño abusando de la vulnerabilidad de la víctima, amenazas y delito contra los derechos de los trabajadores. Además se les imponen la obligación de indemnizar a las mujeres víctimas por los daños morales sufridos, y a la Seguridad Social por cuotas laborales no satisfechas.
