La diputada del PP por Segovia, Beatriz Escudero, denunció en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados la manera en la que el Ejecutivo está gobernando a través de decretos ley, reservados para casos de extrema necesidad.
La parlamentaria segoviana escenificó lo que para ella son «decretos sin fondos», mostrando un cheque gigante impreso. «Si los cheques sin fondos son un delito, ¿por qué no lo van a ser los decretos sin fondos del Gobierno?», cuestionó.
El Gobierno logró ayer jueves que la Diputación Permanente del Congreso, pese al rechazo del PP, haya convalidado los seis últimos decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros, y ninguno de ellos tendrá modificaciones pues la Cámara rechazó tramitarlos como proyectos de ley. En concreto, la Diputación Permanente del Congreso, que es el único órgano que permanece activo tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones, convalidó los decretos que establecen cambios en el mercado del alquiler, la ampliación de los permisos de paternidad a ocho semanas, la recuperación del subsidio de desempleo de 52 años, la habilitación para que comunidades autónomas y ayuntamientos utilicen sus superávit, medidas en caso de un brexit sin acuerdo y el desarrollo de la liberalización del sector de la estiba.
En todos ellos, el Gobierno contó con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís y EH-Bildu, apoyos suficientes para sacar adelante las votaciones, ya que juntos suman 33 de los 65 diputados de la Diputación Permanente.
El PP, por su parte votó en contra de todos los decretos del Gobierno al considerar electoralista la aprobación de estas normas urgentes en un periodo en el que las Cortes Generales están disueltas.
Por su parte, Ciudadanos y UPN respaldaron el decreto con medidas de urgencia en caso de producirse una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, y también la ampliación de los permisos de paternidad.
Ambos optaron por abstenerse en el decreto de la estiba, mientras que la formación navarra se desmarcó de PP y Cs apoyando la recuperación del subsidio de desempleo y absteniéndose en el decreto de alquileres.
Por otra parte, la Diputación Permanente del Congreso rechazó la posibilidad de introducir cambios en los decretos leyes convalidados, ya que tanto PP como PSOE rechazaron la tramitación de estas modificaciones legales como proyectos de ley.
Entre los decretos que la Diputación Permanente avaló se encuentra la ampliación progresiva del permiso de paternidad, que se elevará a ocho semanas en 2019; a doce en 2020 y a 16 en 2021, igualándose así al de maternidad.
El decreto que recupera el subsidio de desempleo para mayores de 52 años también incluye la obligación de establecer en las empresas un registro diario de la jornada de los trabajadores, en el que se incluya el inicio y la finalización de la jornada, así como diferentes bonificaciones a la contratación de personas en situación de desempleo de larga duración.
Por otro lado, el Congreso avaló, esta vez sí, las medidas del Gobierno para el mercado del alquiler, ya que el pasado mes de enero derogó un primer decreto con parte de las medidas que hoy ha convalidado, como la ampliación de la duración de los contratos a cinco años o siete en caso de que el propietario sea una empresa. Además, se limitan los incrementos de precio al IPC durante la duración de un contrato y se impulsa el establecimiento de un índice de precios.
Otro de los decretos convalidados es el que incluye medidas en caso de darse un brexit sin acuerdo y a la reciprocidad de trato por parte del Reino Unido. En caso de darse este caso, los alrededor de 400.000 británicos que viven en España tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para solicitar su Tarjeta de Identidad de Extranjero, el documento que acreditará de forma definitiva su residencia legal en España.
Asimismo, el Congreso convalidó los dos decretos aprobados en el último Consejo de Ministros, uno de los cuales para completar la reforma de la estiba y su liberalización. En este decreto se incluye una línea de ayudas de unos 120 millones de euros para sufragar prejubilaciones y bajas voluntarias en los puertos, como consecuencia de la reestructuración del sector.
