La Fundación Caja Segovia no está de acuerdo con la sentencia que la Audiencia Provincial dictó la semana pasada, la cual absolvía a once ex directivos de la entidad, tanto ejecutivos como cargos electos, y a los cuales se les imputaban delitos de administración desleal o apropiación indebida.
La misma sentencia también condenaba a la Fundación Caja Segovia —que representa la acusación particular—, al pago de las costas por uno de los acusados, y cuyo importe podría rondar los 400.000 euros, según los primeros cálculos.
De este modo, tanto para evitar que la Fundación tenga que pagar estas cantidades en concepto de costas judiciales, como por el desacuerdo con el fallo de las absoluciones, el abogado de la Fundación, Rafael Iturriaga, redactará el recurso de casación correspondiente.
El Patronato de la Fundación, mantuvo ayer un reunión extraordinaria en la que sus miembros acordaron acudir al Tribunal Supremo e instar una revisión de la sentencia, tanto en lo que se refiere al pago de las costas, como a las condenas. De este modo intentarán de nuevo que los importes económicos percibidos por los altos cargos en concepto de prejubilaciones, y que superan los 17 millones de euros, reviertan a la Fundación Caja Segovia.
En principio se pensaba que el plazo para poder recurrir en casación acababa hoy martes. Sin embargo, desde la Fundación se pidió una aclaración ante un posible error de fechas, por lo que se alarga el tiempo.
El presidente de la Fundación Caja Segovia, Javier Reguera, ya explicó en su intervención como testigo en el juicio ante el Tribunal que juzga este caso, que el objetivo del litigio es llevar a cabo el mandato dado por el Consejo de Administración celebrado en octubre de 2012. Presidía entonces la entidad Rafael Encinas y actuaba como secretario Fernando Tapias. Se aprobó entonces pedir a los anteriores directivos de la entidad la devolución de las cantidades económicas de 17 millones de euros, poor considerarlas “llamativas y quizás excesivas”.
Por su parte, IU, que representa a la acusación popular, también anunció que recurrirían aunque valorarían después la posibilidad de desistir en caso de que seguir en el litigio les suponga un alto coste económico.
