La Memoria de 2018 del Defensor de la Ciudadanía de Segovia, Rodrigo González Martín, pone el foco en los problemas que el ruido que generan bares y terrazas provoca en la pérdida de calidad de vida de los vecinos de la ciudad, partiendo de las propias denuncias y quejas de los ciudadanos. Una alteración para la que recomienda actualizar la regulación, junto a las de la ocupación «abusiva» de los espacios públicos, el suministro y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, las terrazas y la reordenación del mobiliario urbano.
Y es que, analizando los expedientes registrados durante el pasado ejercicio, las quejas y problemas asociados al ruido no solo no se han corregido, sino que han aumentado. «Volvemos a insistir en la necesidad extrema de atender las quejas y demandas de la ciudadanía en muy diferentes situaciones y localizaciones sobre la afectación al derecho al descanso y al disfrute de la calidad de vida en la ciudad. Se exigen realizar actuaciones coordinadas, eficaces y con celeridad a fin de garantizar este derecho esencial de la ciudadanía y así evitar que el grave problema de ruidos y molestias varias a la ciudadanía, en toda la ciudad y con especial ubicación en el Casco Monumental, se haya convertido en un conflicto recurrente y enquistado desde hace mucho tiempo sin visos de solución alguna», expone el Defensor de la Ciudadanía en su escrito.
González Martín reivindica, además, la idoneidad de que tanto el ‘Mapa de Ruidos’ como la Ordenanza Municipal Reguladora de Carteles sean de igual aplicación en toda la ciudad, y que no se limiten al centro histórico de Segovia. No obstante, reconoce que los expedientes abiertos por ruidos y molestias varias en espacios privados de las viviendas en la zona centro de la ciudad, así como en los espacios públicos son «especialmente preocupantes».
Al margen de la problemática del ruido, el Defensor exige también al Ayuntamiento que acelere las respuestas a las solicitudes de informes por apertura de expedientes que demanda a las Concejalías y Servicios Municipales. «Somos conscientes de las carencias de personal y de la sobrecarga de trabajo que con frecuencia se soporta en la mayoría de los Departamentos Municipales, pero el Ayuntamiento tiene la obligación de colaborar y ayudar a la Defensoría de la Ciudadanía, que sus contestaciones se produzcan en un tiempo razonable y que no se dé el silencio como respuesta vacía a la ciudadanía», reclama.
Estadísticas
Durante todo el año 2018, la oficina del Defensor de la Ciudadanía, Rodrigo González Martín, realizó 54 entrevistas a vecinos de la ciudad, de los cuales cuatro fueron derivados a otros organismos como el Procurador del Común, la Jefatura de Tráfico, la Diputación Provincial y la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Abrió, además, 45 expedientes, de los que 42 fueron admitidos a trámite, siendo las concejalías más afectadas Urbanismo, Vivienda y Rehabilitación, con 11; Obras, Servicios e Infraestructuras, con 9; y Tráfico, Transportes y Movilidad y Seguridad Ciudadana, con 7.
