El Defensor del Pueblo se ha dirigido al Ministerio de Defensa sobre las medidas existentes para proteger a las víctimas de acoso en el Ejército, tras hacerse eco del caso de una cabo que fue expulsada de las Fuerzas Armadas. Ella había denunciado ser víctima de acoso de un superior en sus destinos de Burgos y Segovia.
La Institución ha abierto esta actuación tras conocer el caso de una cabo, M.C.L. que, después de denunciar acoso de un superior, fue expulsada del Ejército por pérdida de condiciones psicofísicas, sin que se haya tenido en cuenta que las mismas se produjeron como consecuencia de la situación sufrida en su primer destino en Segovia y luego en Burgos.
Para el Defensor del Pueblo los avances producidos para la plena incorporación de la mujer al Ejército «son innegables» pero «casos como éste muestran la necesidad de adoptar medidas complementarias que impidan que la víctima del acoso sufra tal deterioro psicológico tras la denuncia que acabe de baja forzosa». Por ello ha mostrado su preocupación por los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que prestan servicio en las Fuerzas Armadas y ha pedido tolerancia cero con el acoso sexual y laboral.
La cabo fue expulsada tras 17 años de servicio y sin derecho a pensión. En noviembre de 2014, su esposo había sido condenado a ocho años de cárcel por ocho delitos de maltrato habitual, amenazas y coacciones, además de quebrantar la orden de alejamiento. La separación no acabó con el acoso, que continuó en Segovia, donde ella residía. La sentencia reconocía que la cabo «ha sufrido trastorno ansioso depresivo”. Aún así, el Ejército dictaminó el pasado noviembre su baja por pérdida de facultades psicofísicas.
