El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) sigue despertando las críticas de los grupos de la oposición, que descartaron en bloque en el último pleno la inversión de 2,5 millones de euros que el equipo de Gobierno socialista quiere destinar a su conclusión.
Raquel Fernández, portavoz del Grupo Municipal Popular, lamentó esta mañana la sentencia ya firme que obliga al Ayuntamiento a expropiar una de las parcelas del CAT, tras la demanda interpuesta por su propietario. Respecto a estos terrenos, criticó Fernández el hecho de que Ayuntamiento y el demandante no se pongan de acuerdo ni en la superficie que ocupan las tierras —según el Consistorio son 6.300 metros cuadrados y según los propietarios, 9.400—; ni en el valor de las mismas —el Ayuntamiento calcula 3.092 euros y la propiedad pide 975.000, mientras que la valoración catastral realizada por el Ministerio de Hacienda es de 150.000 euros—. Pero es más, añadió que desde Urbanismo se argumenta para el bajo precio que es terreno rústico, mientras que se cobra por ellos IBI urbano, tal y como han demostrado los propietarios en el juicio.
Esta sentencia desfavorable para el Ayuntamiento puede dar pie a que los otros nueve propietarios de las parcelas —de las once que componen el entorno del CAT, solo una es municipal— denuncien también y consigan una expropiación obligatoria, según temen los populares, por lo que piden al equipo de Gobierno que realice, al menos, una previsión del coste que puede suponer.
Raquel Fernández, portavoz del Grupo Municipal Popular: “Se ha visto que el CAT no es solo un ejemplo
de despilfarro, sino también de incapacidad a la hora de gestionar la Concejalía de Urbanismo”
La sentencia, dijo Fernández, “propicia la apertura de un escenario de completa incertidumbre, porque condena al Ayuntamiento además a pagar las costas del proceso, tanto en el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia como en el TSJ de Burgos, y abre una vía de reclamación al resto de propietarios”, algo que, según los cálculos internos del Grupo Municipal Popular, puede suponer entre 4 y 8 millones de euros.
“Es una valoración propia con una horquilla amplia, pero que condicionará seguro las inversiones para los próximos años”, lamentó Fernández, quien recordó que ya en 2018 “escuchamos en el debate de presupuestos un discurso de la alcaldesa muy triunfalista, diciendo que se cerraba un ciclo, que todas las sentencias y todos los problemas urbanísticos de expropiaciones estaban resueltos; y hay que dejar claro que no es así ni mucho menos, no solo por esta nueva sentencia del CAT, sino porque este año todavía nos quedan por pagar nada menos que 800.000 euros de pleitos pendientes con sentencias firmes; y a esto se suma la incertidumbre que se abre con esta obligada expropiación de los terrenos del CAT; y aún está por fallarse el juicio abierto por el parking de José Zorrilla, del lucro cesante que pide la empresa por el dinero que ha dejado de ingresar tras cesar el contrato con el Ayuntamiento de Segovia”.
Por ello, continuó la portavoz de los populares, “nos preocupa y mucho el panorama económico que se puede dar en el Ayuntamiento de Segovia e insistimos en que lo que tiene que hacer el Gobierno de Clara Luquero es ponerse a trabajar y cuantificar y prever el posible escenario que se abre ante esta nueva sentencia y, sobre todo, dejar de vender este discurso triunfalista y esta gestión urbanística, que dista mucho de ser una gestión adecuada, sino más bien todo lo contrario. Se ha visto que el CAT no es solo un ejemplo de despilfarro, sino también de incapacidad a la hora de gestionar la Concejalía de Urbanismo”.
Clara Luquero, alcaldesa: “Sería un desastre tener la oportunidad de acabar un edificio, tener el compromiso de empresas del nivel de Indra y no cumplir los plazos”
LUQUERO YA DUDA DE LA FINALIZACIÓN DEL CIDE Luquero no reconoció las cuentas de los populares, porque “podemos hacer todas las elucubraciones que queramos”, dijo, pero “las valoraciones sobre el precio de un terreno corresponden a los técnicos, por supuesto basados en la normativa actualmente en vigor”.
La alcaldesa, además, aseguró que no teme que haya una reacción en cadena y que el resto de los propietarios de las parcelas del entorno del CAT denuncie, porque “el Ayuntamiento también tiene sus armas jurídicas y urbanísticas”.
En cualquier caso, insistió en la necesidad de finalizar el CIDE, porque “si no se acaba el edificio, no vienen las empresas, no se genera empleo… es así de fundamental”, explicó. Aunque tiene claro que, si la oposición no va a aprobar la inversión, el CIDE no volverá a pleno —en el de febrero sí que se presentarán las inversiones que los otros grupos ven con buenos ojos—, por lo que apeló a la responsabilidad del resto de los partidos y pidió al menos que un concejal se abstenga para poder aprobar la inversión de 2,5 millones de euros prevista para acabar el edificio y que puedan llegar las empresas que ya se han comprometido a ello.
En caso de no llegar a un acuerdo y teniendo en cuenta que ya hay una constructora encargada de terminar el CIDE, Luquero señaló que “habría que ver qué establece el contrato con respecto a indemnización a la empresa constructora”, pero no cree que sea un desastre, “un desastre es tener la oportunidad de acabar un edificio, tener el compromiso de empresas del nivel de Indra y no cumplir los plazos porque los grupos políticos no piensan en el futuro de la ciudad, sino en otras cosas”.
