Cuentan los mayores que la Casa de Tócame Roque era una corrala de la madrileña calle de Barquillo, con muchas familias y disputas vecinales cada dos por tres. Hacia 1850 los propietarios solicitaron su derribo alegando el impago de alquileres pero los vecinos se resistieron de tal forma que el procedimiento se alargó durante décadas, a lo que ayudó el litigio entre dos hermanos, de la parte propietaria, por una herencia. Nuestro CIDE segoviano, el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT), todavía no tiene inquilinos y ya va camino de emular a la célebre vivienda del Madrid castizo del siglo XIX en disputas y trámites que se eternizan.
El último capítulo, más bien un remake o versión casi calcada de lo que ocurre todos los años, tiene que ver con la financiación de las obras que se ejecutan para rematar este inmueble, adjudicadas el pasado verano e iniciadas discretamente en noviembre.
El pleno había aprobado en abril de 2018, gracias a la abstención de Ciudadanos, una inversión plurianual: en torno a medio millón de euros para el año pasado y 2,5 millones para este.
Sin embargo, ahora Ciudadanos no está dispuesto a repetir un acuerdo de presupuestos con los socialistas como sí hizo en 2017 y 2018.
Hay que destacar que, a pesar de ese compromiso previo a través del gasto plurianual aprobado en el pleno, el Artículo 174 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que “la autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos”.
Por eso en este momento la alcaldesa maneja como “plan B” la aprobación de un crédito extraordinario en la Comisión de Hacienda para financiar un bloque de inversiones entre las que se encuentra la finalización de las obras del CIDE.
Desde la oposición, sin embargo, son tres los grupos que se muestran partidarios de que cada una de esas inversiones propuestas se vote por separado porque este edificio del CAT, que por otro lado se lleva la mayor tajada, es la ‘patata caliente’ en manos del Gobierno municipal que nadie se quiere comer, al menos a secas, sin un aliño en forma de documento por escrito que refleje claramente el compromiso de alguna empresa por instalarse allí, un interés verbalizado y escenificado en rueda de prensa pero que PP, Centrados y Ciudadanos quieren que se acredite con papeles.
De hecho, mientras la portavoz del Grupo Popular, Raquel Fernández, insiste en el argumento de que, hasta el momento, la alcaldesa solo ha vendido “humo” para hacerse la foto de rigor, la de Cs, María José García Orejana, ha exigido esta semana que el equipo de Gobierno justifique la ejecución de los 500.000 euros destinados en el presupuesto de 2018 al edificio, presente de una vez por todas el Plan Económico y Financiero de viabilidad y dé acceso “a los compromisos reales firmados por las distintas empresas”. Estos son sus requisitos antes de “posicionarse” aunque asegura que mantiene un “firme compromiso” con la finalización de las obras para conseguir un gran centro tecnológico.
La alcaldesa reitera los llamamientos a la “responsabilidad” de la oposición y recuerda “el compromiso” con las empresas que han manifestado interés en ubicarse en el CIDE, así como el contrato con Rogasa, la constructora que está ‘rematando’ el edificio.
