La escultura del diablo que evoca la leyenda del Acueducto ya está instalada en la zona superior del pretil de la calle de San Juan. El autor de la obra, José Antonio Abella, ha participado en los trabajos durante esta mañana.
Está previsto que la alcaldesa, Clara Luquero, descubra hoy la escultura, que ha quedado cubierta y protegida, en un acto que comenzará a las 17.00 horas y en el que estará acompañada de la concejala de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos, y de otros componentes del equipo de Gobierno.
El pasado viernes la alcaldesa aseguraba que “la pondremos lo antes que podamos” y ayer mismo informaba de que hoy mismo quedaría ubicada en el lugar elegido para ello por el Gobierno municipal socialista, una decisión que ha generado controversia dentro y fuera de Segovia.
¿Definitivamente? Eso es lo que está por ver, porque aunque el día 17 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia no aceptaba, como medida cautelar, la suspensión de la instalación de la escultura, derivada de la ejecución del acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que el Ayuntamiento aceptaba la donación realizada por el escultor José Antonio Abella, la Asociación San Miguel y San Frutos, que es la que ha impugnado ese acto administrativo, ha recordado que esa decisión del magistrado no supone que el procedimiento esté cerrado, sino que habrá que esperar a la resolución definitiva, algo que todavía puede demorarse unos meses.
Mientras, la alcaldesa ha repetido en varias ocasiones que “con todo el respeto a las personas que hayan podido sentirse heridas en su dignidad o en sus creencias religiosas, la instalación de la escultura lo único que pretende es recordar la leyenda de construcción del Acueducto y es un proyecto que se ha hecho desde la mejor fe”.
Desde que se anunció este proyecto municipal han corrido ríos de tinta, con posiciones muy diferentes en medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, así como en redes sociales.
El mismo día que se conocía la decisión del Juzgado de no suspender el acto administrativo de forma cautelar, la Asociación reclamante entregó más de 12.500 firmas en contra de la instalación del diablo en un registro público.
