El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que la Dirección General de Tráfico (DGT) está trabajando en la reforma del Reglamento General de Circulación para establecer las condiciones en las que debe aplicarse el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en todas las ciudades, una medida ya implantada en numerosas localidades de España pero que no está regulada a escala estatal.
Esta medida se incorporaría, en principio, en las calles de un único sentido, donde en numerosas ocasiones se sobrepasan los límites marcados por los ayuntamientos, que suelen ser de 40 o 50 kilómetros por hora, como máximo.
En la ciudad de Segovia, numerosas vías se verían afectadas por esta rebaja de la velocidad, como la comercial José Zorrilla; las monumentales Daoiz, Velarde, Ronda de Juan II o San Valentín; la calle Cañuelos, única vía que tienen los vecinos del barrio del Salvador para salir a la avenida de Padre Claret; todas las vías que bordean el parque Botánico, así como las aledañas Morillo, Antonio Machado, Ramón y Cajal o Blanca de Silos; o la calle Larga, entre otras.
Grande-Marlaska expuso el amplio acuerdo social que existe en torno a esta reducción de velocidad, y recordó que “ciudades como Madrid, Bilbao, Zaragoza, Málaga o Valencia, así como asociaciones y colectivos de usuarios, se han dirigido al Ministerio del Interior para solicitar esta reforma normativa. Esto demuestra que existe un amplio consenso sobre la necesidad de proteger a los usuarios más vulnerables de nuestras calles”. Esta es una de las medidas en las que trabaja la Dirección General de Tráfico con el objetivo de reducir los accidentes y las víctimas.
El Gobierno aprueba reducir a 90 kilómetros por hora el límite en 10.000 kilómetros de vías secundarias
El Consejo de Ministros aprobó el viernes la modificación del artículo 48 del Reglamento General de Circulación, referido a los límites de velocidad en las carreteras convencionales, con el fin principal de reducir la siniestralidad vial y cumplir el objetivo establecido en la estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 de bajar de 37 la tasa de fallecidos en accidente de tráfico por millón de habitantes. En 2017 la tasa fue de 39.
Así, el Gobierno dio el visto bueno a una reducción de la velocidad en las carreteras convencionales y a homogeneizar la velocidad máxima en estas vías, estableciéndola en 90 kilómetros por hora, por ser carreteras con altas tasas de siniestralidad. Siete de cada diez accidentes con víctimas tienen lugar en estas vías, en las que cada año fallece un millar de personas. Además, la velocidad inadecuada es la causa concurrente en el 20 por ciento de los accidentes de tráfico, argumentan desde el Gabinete socialista.
Esta modificación supone la desaparición de los diferentes límites de velocidad genéricos establecidos —90 y 100 km/h para turismos y motocicletas, en función de si la vía disponía o no de metro y medio de arcén practicable— reduciéndolo a una limitación general de 90 km/h. La modificación de este límite de velocidad afectará a unos 10.000 kilómetros de vías secundarias de todo el país.
Los límites de velocidad que ahora se modifican se fijaron a principios de los años 80 del siglo pasado, cuando la red viaria española no tenía casi kilómetros de vías de alta capacidad, situación completamente distinta a la actual.
