Las elecciones municipales tendrán más de 1.500 votantes comunitarios

Un total de 1.573 ciudadanos comunitarios podrán votar en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo en la provincia y unos 1.078 en las europeas. Este fue uno de los asuntos analizados ayer en la Comisión de Asistencia a la Subdelegada del Gobierno, que presidió Lirio Martín por primera vez desde que ocupase su cargo.
De este modo se dio a conocer la labor que desarrolla la Oficina del Censo Electoral (OCE), del Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre la cual la subdelegada explicó que enviará por correo postal una comunicación a los ciudadanos comunitarios a los que no se ha dirigido en anteriores elecciones y no han manifestado la voluntad de votar. «Si no han manifestado su intención de votar en anteriores procesos electorales, y quieren ejercer el derecho al voto, deberán comunicarlo antes del 30 de enero próximo», informó la subdelegada del Gobierno. Tendrán que comunicarlo al Ayuntamiento donde estén empadronados.
Estos ciudadanos deberán cumplimentar y firmar la declaración formal, contenida en la comunicación, y remitirla a la Delegación Provincial de la OCE correspondiente. Además, los que dispongan del Número de Identidad de Extranjero (NIE) podrán realizar su manifestación de voluntad por Internet, accediendo a la Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística: https://sede.ine.gob.es. Por su parte, quienes residiendo en España no estén inscritos en el padrón municipal deberán acudir a su Ayuntamiento a empadronarse también.
La Comisión de Asistencia a la Subdelegada del Gobierno estudió la labor de otrsa unidades, servicios y departamentos de la Administración General del Estado (AGE) en la provincia.
Lirio Martín anunció que «esta comisión se reunirá con carácter cíclico y permanente en la última semana de cada trimestre».
Por otro lado, la Subdelegación del Gobierno recordó que trabaja en la constitución de la Comisión de Flujos Migratorios, que se retoma desde el año 2008, última vez que se reunión, y que tiene con fin canalizar la demanda de trabajadores extranjeros del sector hortofrutícola. Estará formada por la Administración General del Estado (AGE), sindicatos y organizaciones agrarias y otras entidades.
En materia laboral se indicó que 164 contratos laborales se transformaron de temporales a indefinidos tras la intervención de la Inspección de Trabajo entre enero y septiembre de este año. Dentro del control de la economía irregular, la Inspección de Trabajo realizó 2.262 actuaciones, la mayor parte en afiliación y altas a la Seguridad Social (2.163), en las que observaron 37 infracciones. En prestaciones a la Seguridad Social fueron 92 las actuaciones, en las que se comprobaron 36 infracciones. En materia de extranjería, de las siete actuaciones se observaron infracciones en tres casos.
Además y en el ámbito propio de Seguridad Social, las actuaciones superaron los 3.000, con 153 infracciones comprobadas.