La reciente decisión tomada por la Abogacía del Estado, apostando por rebajar a sedición los delitos cometidos por los independentistas golpistas Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cruixat y Carme Forcadell, no ha sentado bien en el seno del Partido Popular, cuyos senadores, Paloma Sanz, Juan Ramón Represa y Juan Carlos Álvarez, han señalado que, por medio de esta decisión, queda de manifiesto “la sospecha de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya cedido una vez más al chantaje de quienes quieren acabar con España y haya abordado de esta manera cómplice, desde su Ejecutivo, el gesto que pedía Torra, dándole como plazo el mes de noviembre”.
Desde el inicio del conflicto independentista, el Partido Popular de Segovia se ha mantenido firme en su condena a la actitud de los líderes de lo que consideran “un desafío a la democracia y a la Constitución” y además, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa han criticado de forma incesante la voluntad del presidente socialista de “gobernar en España a cualquier precio; sin importarle el futuro ni la voluntad de los ciudadanos españoles”.
Por estos motivos, los senadores segovianos han querido sumarse a las críticas que tachan de “vergonzantes” las injerencias del Gobierno de Sánchez en el Tribunal que juzga la causa del proceso independentista y exigen al PSOE responsabilidad y respeto, tanto al Estado de Derecho como a los Tribunales. “Son el poder Ejecutivo y el Legislativo los que deben defender la independencia judicial”, sostienen los parlamentarios, al tiempo que aseguran que las decisiones del Gobierno, intentando dar indicaciones al Tribunal Supremo ante el inicio del juicio oral a los líderes del procés, suponen “un peligro para la estabilidad del país y un atropello a la separación de poderes y la legalidad en España”.
