El juicio que sentará en el banquillo de los acusados al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal comenzará el próximo 25 de febrero y está previsto que se prolongue durante 11 sesiones. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide una condena de 11 años de cárcel y multa de 59 millones de euros para Rosell, quien se encuentra en prisión provisional desde que fue detenido por estos hechos, en mayo de 2017. En este tiempo ha solicitado su libertad más de una decena de veces y siempre se le ha denegado por riesgo de fuga.
Además de Rosell, la Sección Primera de la Sala de lo Penal juzgará a otros acusados en la trama de apropiación de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB): Joan Besolí, Marta Pineda, Andrés Ramos, Shahe Ohannessian y Josep Colomer.
Para Besolí, socio de Rosell, el Ministerio Público solicita 10 años de cárcel y 55 millones de euros de multa; para Marta Pineda, esposa del exdirectivo del Barça, se piden siete años y multa de 50 millones; el ciudadano libanés Shahe Ohannessian, amigo de Rosell, se reclaman siete años de prisión y multa de 40 millones; mientras que para los dos presuntos testaferros Andrés Ramos y Josep Colomer la Fiscalía pide ocho y seis años, de forma respectiva.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, las seis personas implicadas en esta investigación crearon un entramado que se lucró de fondos irregulares de la CFB por los derechos de retransmisión de los partidos de su selección, así como de cantidades procedentes del contrato de patrocinio de la firma Nike con la selección de fútbol del país sudamericano. La cantidad blanqueada con estas operaciones ascendería a 19.972.612 euros.
El escrito de acusación relata que todos los procesados se valieron de entidades, muchas de ellas ‘offshore’, para ocultar cantidades obtenidas de manera ilícita por el expresidente de la confederación brasileña Ricardo Terra Teixera. Para lograrlo, los acusados, siempre bajo la dirección de Rosell, se valieron de dos mecanismos en los que cada uno tenía una función limitada: por un lado, mediante la interposición de una sociedad pantalla y el uso de un complejo entramado con cuentas en Andorra destinadas a hacer llegar el dinero a Teixeira, investigado en su país por estos hechos; y, por otro lado, simulando la venta la mercantil Bonus Sport Marketing, propiedad de Rosell y su esposa.
El que fuera socio de Rosell en el país latinoamericano, Teixeira, participó en este entramado consiguiendo que la asociación deportiva que presidió entre 1989 y 2012 firmara contratos de compraventa de los derechos audiovisuales de la Selección Nacional de Fútbol de Brasil en favor de la sociedad International Sports Events (ISE), domiciliada en las Islas Caimán, dirigida por el billonario saudí Saleh Kamel.
Contrato
Tan sólo un día antes de la firma del contrato, en noviembre de 2006, Rosell, en representación de la entidad Uptrend (que poseía al 50 por ciento con Besolí), firmó un contrato con el ISE para actuar como supuesta intermediaria en la venta de los derechos de los 24 partidos amistosos por el que percibió 8,3 millones de euros, aunque la cuantía final que obtuvieron de la confederación fue de 15 millones de euros. El dinero fue desviado desde el entramado societario hasta Teixeira, que la recibió “indebida, fraccionada e indirectamente”.
La Fiscalía califica de “determinante” la participación en esta trama de Besolí, también en prisión provisional, en tanto era titular de una gestoría andorrana desde la que coordinó el uso de las empresas pantallas que se emplearon para ocultar las comisiones irregulares consiguiendo “dificultar la trazabilidad” del dinero. Por otro lado, en mayo de 2011, Rosell falsificó la venta de Bonus Sport a una entidad libanesa creada tan sólo un mes antes de la operación, en la que participó el también procesado Shahe Ohannessian, supuesto administrador de la misma.
La venta de BONUS a la libanesa se produjo formalmente por 13,6 millones de euros pero no fue real, según expone el fiscal del caso ‘Rimmet’, que precisa que tanto Rosell como su mujer continuaron vinculados a la misma y siguieron siendo los principales beneficiarios.
