Ayuntamiento de Segovia y Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Turismo, colaboran en la ordenación de los apartamentos turísticos en la ciudad y, de hecho, la concejala Claudia de Santos ha participado en las mesas de trabajo convocadas por el director general, Javier Ramírez, en Valladolid a las que asisten los ediles de Turismo de las capitales de provincia de la Comunidad Autónoma.
La colaboración en este ámbito también se ha producido con la Dirección General de Patrimonio Cultural, ya que los responsables municipales aseguran que técnicos de ambas administraciones han trabajado conjuntamente consensuando este y otros aspectos del Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS).
Aunque en marzo, tanto De Santos como Alfonso Reguera, entonces concejal de Urbanismo —área que, por cierto, ha heredado la primera tras la renuncia que protagonizó el hasta entonces número dos del equipo de la alcaldesa—, ya anunciaron que el citado plan limitará la proliferación de apartamentos turísticos en el casco histórico de la ciudad, el documento aprobado por el pleno municipal en junio recoge el alcance de la medida en el artículo 135 de su normativa. Indica que “el uso terciario de apartamentos o viviendas turísticos solo se permite cuando se implante en edificio completo o cuando los apartamentos o viviendas turísticos no compartan accesos, portal, escalera ni ascensor, con el resto del inmueble”.
Por otra parte, el artículo 138 admite el uso de alojamiento hostelero (además del educativo, cultural, sanitario o social) en parcelas que contengan edificios catalogados siempre que sea para un edificio completo y se lleven a cabo actuaciones generales de restauración, rehabilitación o reconfiguración de esos edificios catalogados, entre otras condiciones.
Mientras tanto, en julio se celebró la segunda mesa de trabajo convocada por el director general de Turismo con la asistencia de responsables de este área en los ayuntamientos de las capitales de Castilla y León para avanzar en esa colaboración entre las administraciones y anticiparse a los problemas que puedan surgir de cara al futuro y ordenar el sector de las viviendas de uso turístico.
Confusión
Durante este verano se ha producido cierta confusión en torno a la ya poco clara regulación de las viviendas de uso turístico, ya que por una parte el Gobierno socialista de Pedro Sánchez anunció como una de las primeras medidas en materia de vivienda ajustar la definición de arrendamiento de temporada para excluir de la Ley de Arrendamientos Urbanos estos usos que en opinión de muchos expertos aumentan el precio del alquiler de forma desproporcionada en ciudades como Madrid y Barcelona, entre otras, echando a los residentes de sus barrios, y por otro, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha recurrido judicialmente las normativas urbanísticas sobre viviendas turísticas aprobadas recientemente por los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián, al entender que son contrarias a la competencia y perjudican a los consumidores.
En Castilla y León la Junta aprobó en febrero del año pasado un decreto que regula los establecimientos de alojamiento en la modalidad de viviendas de uso turístico, los define, exige requisitos y contempla ya la gestión de plataformas digitales como Airbnb.
En la mesa de trabajo de julio se abordó la colaboración de las policías locales, como ya ocurre en Valladolid, para evitar situaciones irregulares y competencia desleal, así como una regulación armonizada en Castilla y León. Ayuntamientos como el de Salamanca han anunciado una ordenanza específica.
