El Gobierno municipal socialista ha acordado mantener un decreto de la alcaldesa de febrero del año pasado por el que se nombró funcionarios de carrera, como bomberos conductores del Servicio municipal de Extinción de Incendios, a los seis aspirantes que superaron el concurso-oposición convocado en 2016, al obtener la puntuación más alta tras las pruebas de selección realizadas.
Como se recordará, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia estimó el recurso presentado por dos de los aspirantes a las plazas de bombero-conductor que alegaban inexistencia de criterios de valoración previos a la corrección de la prueba práctica. El fallo del magistrado ordenó retrotraer las actuaciones y obligar al tribunal calificador a señalar los factores de corrección de la misma.
El Ayuntamiento y los seis aspirantes que habían conseguido la valoración más alta recurrieron en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que lo estimó parcialmente pero solo en cuanto a la no valoración de un curso de socorrista realizado por uno de los aspirantes y, además, anuló la condena en costas.
A continuación, un informe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento indicaron que se trataba de “una cuestión más de forma que de fondo”, de manera que la sentencia inicial debía ejecutarse únicamente en lo relativo a que el tribunal calificador tenía que hacer públicos los criterios de valoración, concretando los aspectos concretos que se iban a tomar en consideración, volver a corregir los ejercicios y motivar la nota de cada opositor.
El tribunal así lo hizo, se reunió en junio y, tras realizar la valoración de la citada prueba, sumó los resultados de la fase de concurso y de la fase de oposición sin que se produjera ninguna variación en la calificación inicial.
La alcaldesa, Clara Luquero, ha comentado que los miembros del tribunal “lo tenían super claro”, obviando que el Juzgado dio un tirón de orejas al consistorio segoviano porque la necesidad de conocer los criterios de corrección “supone un elemento de transparencia e igualdad de oportunidades para todos los aspirantes, ya que al tratarse de un supuesto práctico existen alternativas igualmente válidas para su resolución”.
