Ni uno, ni dos, ni cuatro. La mayoría de los establecimientos comerciales y de hostelería que venían utilizando la Calle Real para dar a conocer su oferta con carteles móviles ubicados en la calzada, obviaron ayer la Ordenanza municipal que los regula y que, en términos generales, los prohíbe sin excepción salvo si se encuentran en el espacio de una terraza de hostelería que cuente con la oportuna autorización y esté al día del pago de la tasa correspondiente.
Precisamente ayer entró en vigor la citada ordenanza, cuyo ámbito de aplicación es el recinto amurallado y zonas y calles especialmente sensibles del resto del centro histórico como la avenida del Acueducto y calles de San Francisco y del Gobernador Fernández Jiménez. La actitud de los responsables de estos carteles durante la mañana era una mezcla entre probar a ver si cuela y lo han sacado todos, no voy a ser yo menos. Algunos indicaron que no tenían información sobre la inminencia de la aplicación de la ordenanza, otros dudaban sobre su alcance; es decir, piensan que no la incumplen, y en otros casos puntualizaban que la Policía Local ni estaba ni se la esperaba.
Pero a tenor de las manifestaciones de la alcaldesa, Clara Luquero, la Policía Local actuará y lo hará “con prudencia y seguridad” pero se dirigirá individualmente a los propietarios de los establecimientos que utilizan estos carteles para comunicarles la obligación de retirarlos “en un plazo de 24 horas, 48 horas como máximo”, según explicó la regidora.
De no hacerlo, como ya informaron los responsables municipales el lunes, el Ayuntamiento se encargará subsidiariamente de retirarlos pero reportando el coste a los negocios afectados.
Tropezando
Luquero se muestra inflexible, con la misma seguridad en que está obrando bien mostrada cuando se modificó el horario de carga y descarga en la Calle Real. “Estamos hablando de todos los carteles con los que vamos tropezando a diario los segovianos. Lo que no se puede es ocupar la vía pública por donde caminan los ciudadanos, llenándolo todo de carteles que han proliferado como setas, dando una imagen muy negativa de la ciudad”, afirmó.
La única excepción, reiteró, son los carteles que están dentro de las terrazas de hostelería, “los demás, ninguno tiene autorización y ahora, con la prohibición reglamentada en la ordenanza, lo que va a pasar a partir de hoy –por ayer-, porque hoy entra en vigor pero no quiere decir que se actúe desde el minuto uno, es que la Policía Local avisará a los propietarios para que los retiren”.
Para Luquero se ha producido abuso con carteles de grandes dimensiones en medio incluso de vías estrechas o en la monumental plaza de Medina del Campo, “algo absolutamente impresentable, inadmisible”.
La Agrupación de hosteleros mantiene su criterio
El presidente de la AIHS, Cándido López, sigue sosteniendo que hubiera sido mejor regular una serie de cartelería homogénea y respetuosa con el entorno en determinados puntos de la ciudad.
Desde esta Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos, su responsable admite que una vez en vigor la ordenanza que regula los carteles anunciadores en la vía pública, a los hosteleros nos les queda otra que acatarla y buscar otras alternativas para dar a conocer su oferta gastronómica pero insiste en que son los establecimientos que no están situados en las calles de mayor paso de personas los que salen especialmente perjudicados porque no tienen manera de darse a conocer.
En este sentido, El Adelantado preguntó ayer a la alcaldesa, Clara Luquero, sobre alternativas como permitir carteles sobre fachadas, por ejemplo, que se pusieron sobre la mesa por parte del equipo de Gobierno, por ejemplo en el pleno en el que se aprobó la citada ordenanza.
Luquero contestó que la normativa que incluye el Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS) contempla “qué tipo de publicidad, de qué características y si se puede emplear sobre fachadas”.
López recuerda que la AIHS hizo frente común con la Federación Empresarial Segoviana (FES) y con la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS) presentando alegaciones durante la tramitación de la ordenanza que fueron rechazadas por el Gobierno municipal. “En lugar de la prohibición drástica estábamos abiertos a otro tipo de alternativas, una solución intermedia que no perjudicaran ni a los ciudadanos ni al entorno histórico de la ciudad pero no se tuvo en cuenta”, asegura.
La medida recibió también críticas de los grupos municipales del PP y de Cs. Este último por el ámbito de aplicación, ya que entiende que la accesibilidad debe perseguirse en el conjunto de la ciudad.
