La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por la que decide aplicar las medidas cautelares solicitadas por La Sepulvedana tras la decisión de la Junta de Castilla y León de otorgar la realización de la línea que une Segovia con La Granja y Valsaín a la empresa Galo Álvarez (Linecar), a raíz de la pérdida de concesión del recorrido Madrid-Segovia, deja la primera línea en una especie de limbo jurídico que la Junta quiere solucionar en el menor tiempo posible.
Así lo aseguró ayer el delegado territorial, Javier López-Escobar, quien recordó que esta línea “es lo que se llama una hijuela de un contrato mayor que ya venció y que ya ha sido adjudicado a otra empresa”, de modo que ahora “queda íntegro dentro de la responsabilidad de la Junta y, para poder prestarlo en condiciones se tomó una medida provisional, mediante una resolución del director general de Transportes, para adjudicarla a una empresa hasta que podamos sacar a concurso la línea”.
“Nosotros aplicamos la medida cautelar en sus términos y lo que vamos a hacer es tratar de garantizar, mediante las oportunas inspecciones, que el servicio se presta de acuerdo con las condiciones originales que tenía el contrato, que es lo que de algún modo viene a gobernar esa línea con el auto del juez; pero también, al estar dentro de la Junta, para que cumpla las condiciones que la Junta de Castilla y León impone al transporte interurbano, de manera que lo queremos es garantizar que se dan las condiciones de seguridad y de atención pública que tienen que tener esos vecinos”, afirmó López-Escobar. De hecho, añadió, “están los inspectores desde primera hora de la mañana [de ayer] garantizando ese cumplimiento”.
Respecto a la resolución del Tribunal, dijo que “el juez no ha entrado en el fondo de la cuestión, por lo tanto ni da ni quita la razón a nadie. Nosotros estamos convencidos de que la resolución estaba bien tomada y de que esto se resolverá, esperemos que rápidamente, para que esa línea deje de estar en esa situación de limbo administrativo para pasar a ser una línea que se presta con todas las garantías en el menor plazo posible”.
Ese proceso de concurso público se había iniciado ya, pero ha quedado interrumpido con el acto del juez. “Una vez que el juez diga lo que tenga que decir a la vista del recurso, volveremos a iniciar el proceso, que ahora está detenido obviamente por esta circunstancia. Pero nuestra intención es hacerlo cuanto antes”, aseveró López-Escobar, para garantizar la prestación del servicio en las condiciones que establece la Junta para las líneas de transporte interurbano de las que es responsable.
