Los afectados por el cierre de iDental en Segovia ya pueden solicitar al Servicio Territorial de Sanidad sus historiales clínicos, con los que podrán dar continuidad a sus tratamientos en otras clínicas o realizar reclamaciones económicas o judiciales.
Por orden del Juzgado de Instrucción nº2 de Segovia, trabajadores del Servicio Territorial de Sanidad la Junta de Castilla y León recogieron el pasado lunes 23 de julio los documentos en las instalaciones de la clínica, tras el correspondiente registro policial.
Después de una semana de trabajos de clasificación, el lunes 30 de julio fue el Juzgado de Instrucción nº3 de Segovia el que decretó el permiso para su puesta a disposición de los afectados.
Para ello, los interesados deberán remitir una solicitud al Servicio Territorial de Sanidad de Segovia, identificándose como pacientes de iDental. Tras ello, el Servicio Territorial se pondrá en contacto con cada solicitante, dándole fecha y hora para proceder al trámite de la entrega.
La Consejería de Sanidad ha puesto a disposición de los afectados un formulario de solicitud en el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León (www.saludcastillayleon.es). Dada la especial protección de los datos contenidos en dichos historiales las copias sólo se entregarán al propio paciente o a un representante legal siempre que este último acuda al Servicio Territorial de Sanidad con un poder notarial de representación.
En la provincia de Segovia, el Servicio Territorial de Sanidad ha recibido desde 2014 un total de 40 reclamaciones, por las que los Servicios Oficiales de Salud Pública han realizado cinco visitas de inspección y se han incoado cinco expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa sanitaria por parte de la citada clínica.
acusación popular
El Consejo General de Dentistas se ha personado como acusación popular en el caso iDental tras la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado Central de Instrucción número 5, en la que se investiga el presunto fraude de la cadena de establecimientos dentales.
El pasado jueves, el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó asumir esta investigación, después de que al menos once juzgados se hayan inhibido en favor de la Audiencia Nacional debido al» volumen extraordinario» de la causa y las miles de personas perjudicadas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investigará si estos hechos son constitutivos de delito de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública, según expone en el auto en el que recoge que la investigación se inició a raíz de una denuncia de afectados de esta cadena en Andalucía.
Ante esta decisión, el Consejo General de Dentistas, presidido por Óscar Castro Reino, se ha personado en las diligencias previas como parte acusadora, con el fin de ejercitar las acciones penales y civiles que procedan contra los denunciados. «Pedimos que se nos dé vista de lo actuado hasta la fecha, así como la posibilidad de intervenir en todas las demás diligencias del procedimiento», ha solicitado el organismo.
