La Consejería de Sanidad de la Junta anunció ayer a representantes de los afectados por las clínicas iDental, compañía que ha cerrado sus puertas sin previo aviso hace unas semanas, que la Junta custodiará las historias de los pacientes de esta empresa.
El consejero de Sanidad se reunió con representantes de los afectados por las clínicas iDental, cuyos tres centros sanitarios en Castilla y León, situados en Salamanca, Segovia y Valladolid- han sido cerrados recientemente por decisión empresarial. El consejero explicó cuáles han sido las actuaciones desarrolladas por la Junta de Castilla y León y cuáles serán los pasos a seguir.
Sáez informó tanto a los representantes de los afectados como al procurador de IU-Equo José Sarrión, quien también acudió a la reunión, de que este lunes, 2 de julio, el Juzgado de instrucción nº 5 de Valladolid autorizó la entrada y registro en las instalaciones de iDental Valladolid y designó al Servicio Territorial de Sanidad de dicha provincia como depositario de las historias clínicas incautadas en el mismo.
Estos documentos, que ya se encuentran en el Servicio Territorial, serán ordenados, archivados y puestos a disposición del juzgado y de los afectados. Los profesionales del Servicio Territorial de Salud llevarán a cabo durante las próximas semanas las tareas de orden y archivo de todas las historias clínicas.
Inspecciones
Además, el consejero recordó las diversas actuaciones que la Consejería ha llevado a cabo en los diferentes centros sanitarios desde su puesta en funcionamiento. Así, en la provincia de Segovia, el Servicio Territorial de Sanidad ha recibido desde 2014 un total de 22 reclamaciones, por las que los Servicios Oficiales de Salud Pública han realizado cinco visitas de inspección y se han incoado cinco expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa sanitaria; tres están finalizados y uno actualmente en tramitación, según los datos facilitados por la Consejería a la agencia Europa Press.
Respecto al centro situado en la provincia de Salamanca, el Servicio Territorial de Sanidad ha recibido desde el año 2014 un total de cinco reclamaciones relativas a dicho centro, como consecuencia de las cuales, los Servicios Oficiales de Salud Pública realizaron cinco visitas de inspección y se incoaron tres expedientes sancionadores por incumplimiento de la normativa sanitaria —dos de ellos están ya finalizados y uno en tramitación—. Además, en esta provincia se constató el ejercicio de actividad sanitaria sin haber obtenido la preceptiva autorización de funcionamiento, por lo que la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca adoptó la medida cautelar de suspensión temporal de la actividad del centro.
Por su parte, en el centro de Valladolid, el Servicio Territorial ha recibido 45 reclamaciones desde su puesta en marcha en 2014. Como consecuencia de las mismas, los Servicios de Salud Pública realizaron once visitas de inspección y se incoaron cinco expedientes sancionadores, de los que cuatro están finalizados y uno en tramitación.
También, en esta provincia se constató el ejercicio de actividad sanitaria sin haber obtenido autorización, por lo que la Delegación Territorial de la Junta suspendió temporalmente, al igual que en Salamanca, la actividad del centro sanitario.
GARANTÍAS A LOS RECLAMANTES
En cuanto a las garantías ofrecidas a los reclamantes, Antonio María Sáez explicó que en el caso de que la reclamación verse sobre incumplimiento de la normativa sanitaria de aplicación, se realiza una visita de inspección al centro sanitario y después, en caso de comprobarse los incumplimientos, se adoptan las medidas cautelares o de índole sancionador. El balance global en este caso es de 21 visitas de inspección, 13 expedientes sancionadores —la cuantía total de las sanciones propuestas supera los 30.000 euros— y dos cierres cautelares.
Cuando la reclamación versa sobre disconformidad con los tratamientos, dicha reclamación se remite a los colegios oficiales de Odontólogos, que se encargan de valorar las cuestiones deontológicas y de praxis médica.
En el caso de que la reclamación sea sobre otras cuestiones relativas a los derechos económicos de los consumidores, la tramitación de la misma debe ser vía judicial o a través del Sistema Arbitral de Consumo.
