Los juzgados se han convertido en el talón de Aquiles de la gestión del equipo de Gobierno municipal. Un nuevo revés judicial, en este caso procedente del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, golpea en uno de los proyectos más controvertidos del gobierno municipal socialista, como es el Centro de las Artes y la Tecnología (CAT), ya que obliga al Ayuntamiento a la expropiación de una de las parcelas en las que se ubica, con una superficie de 6.300 metros cuadrados, al no haberse cumplido los plazos establecidos para la permuta de terrenos con el propietario en la zona de Prado Bonal.
La sentencia, contra la que cabe recurso, fue dada a conocer ayer por la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Segovia Raquel Fernández, que anunció la solicitud de su grupo de concejales de la convocatoria de una comisión extraordinaria de Hacienda dedicada monográficamente al análisis de este asunto y a la solicitud de información de otros gastos correspondientes a la primera fase del proyecto que, en opinión de los populares no han sido suficientemente justificados por los responsables municipales.
Raquel Fernández recordó que el terreno sobre el que se proyectó el CAT no es municipal, y en su día el Ayuntamiento utilizó la figura urbanística de la ocupación directa, por lo que adquirió el compromiso de dar a los propietarios de las parcelas ocupadas edificabilidad en otra zona. Así en 2009 se firmó el acta de ocupación de los terrenos y según la ley, el municipio disponía de cuatro años para hacer efectivo ese compromiso. Pasado ese plazo, los dueños tienen derecho a solicitar que se les expropie el terreno, lo que han hecho los propietarios de la parcela objeto de la sentencia.
Fernández aseguró que esta medida «era un planteamiento bueno para obtener los terrenos siempre y cuando el gobierno socialista se hubiese puesto a trabajar y hubiese gestionado el suelo. No lo han hecho y se abre un nuevo frente para el Ayuntamiento de Segovia y por ende para los intereses de los segovianos».
Asimismo, expresó su preocupación por las consecuencias que pueda acarrear esta medida, ya que «no sabemos si todas las parcelas están en las mismas circunstancias, y si fuera así podríamos estar hablando de una nueva condena millonaria que volvería a hipotecar la inversiones que necesitan nuestros barrios y la ciudad como mínimo, durante unos cuantos años más», aseguró la portavoz.
Además, los populares quieren que en esta comisión el equipo de Gobierno dé explicaciones de lo que consideran una «opacidad reiterada», fundamentalmente en gastos de la primera fase que han denominado «gastos bajo sospecha», y que no se han justificado convenientemente como todo lo que se refiere a gastos de viajes, traslados, consultoría y asesorías que en su conjunto suman más de 2 millones de euros.
Un conflicto ‘largo y complicado’
Desde el equipo de Gobierno, el problema se ve desde una óptica de «normalidad» derivada de la gestión de un terreno que está «en tierra de nadie» dentro de las parcelas del CAT, según explicó el concejal de Urbanismo Alfonso Reguera, que criticó la iniciativa de la oposición a la que acusó de «seguir sobreviviendo sobre el mismo asunto sin aportar nada a la ciudad».
Reguera señaló que la sentencia deriva de la falta de acuerdo con uno de los propietarios «que en su momento no aceptó la permuta por derechos urbanísticos», y aseguró que el camino judicial de este conflicto «es largo y complejo, porque lo que el propietario quiere es que se le expropie».
Asimismo, señaló que si al final del camino la sentencia obliga a la expropiación, la parcela «está considerada como suelo rústico o urbano no consolidado, que tiene un precio muy inferior, y dada la superficie de la parcela, podríamos estar hablando de entre 6.000 a 15.000 euros».
Pese a ello, insistió que es un problema «enormemente complicado» que llevará tiempo en los tribunales, y señaló la disposición del equipo de Gobierno de dar las explicaciones oportunas en la comisión extraordinaria «como siempre lo hemos hecho con el CAT y con otras muchas cosas».
«Todo lo que se ha hecho con el CAT ha pasado por el Pleno municipal y por la Intervención General del Estado -aseguró Reguera- y me llama la atención que el PP convoque a los medios dos horas después de haber estado en la comisión de Urbanismo donde estaban todos los técnicos responsables y a los que no se les ha comentado nada sobre este asunto».
