El grupo municipal de IU ha registrado una batería de preguntas con relación a la infracción urbanística en el barrio de San Marcos que la coalición denunció el pasado mes de febrero. Estas preguntas se han presentado tras analizar la documentación de los expedientes relacionados con esta infracción. Cabe recordar, según IU, “que el acceso a esta información ha sido complicada y que desde Urbanismo se han puesto trabas, entre ellas la petición a nuestro portavoz de firmar un compromiso de confidencialidad”, algo que, como recuerda Ángel Galindo, no había ocurrido hasta el momento con ningún grupo.
El caso comenzó en 2012, cuando Luis Peñalosa, exconcejal de IU, informó de la construcción de dos edificaciones sin licencia en suelo no urbanizable especialmente protegido. En ese año se inició el expediente de restauración de la legalidad y el expediente sancionador al propietario. Tras la apertura de ambos, el propietario mostró su voluntad de restituir la legalidad. Presentó un proyecto de demolición que fue aceptado por el Ayuntamiento, que dio un plazo tres meses para el comienzo de las obras y de seis meses para su finalización (20 de noviembre de 2013).
IU quiere conocer por qué, una vez pasado el plazo, el Ayuntamiento no comprobó si habían comenzado las obras de demolición, y si estas se habían llevado a cabo. Seis meses después, el 28 de mayo de 2014, se emitió un nuevo informe que constató que no se había procedido a la demolición de las construcciones ilegales, ante lo cual la organización ha preguntado por qué se realizó este informe tanto tiempo después de que terminase el plazo dado por el Ayuntamiento. En base a este informe, se volvió a abrir el proceso y se pidió la ejecución subsidiaria para restituir la legalidad.
En septiembre de 2014 se emitió otro informe técnico elaborado después de que el infractor presentara alegaciones. Este informe recomendaba dejar sin efecto los expedientes retomados e “iniciar nuevamente procedimiento de restauración de la legalidad urbanística”. La alcaldesa archivó el procedimiento, pero no inició nuevos expedientes, como indicaba el informe, ante lo cual IU ha preguntado por qué se hizo caso omiso. “No hay excusa. Las infracciones de carácter grave prescriben a los cuatro años. Había tiempo de sobra”, apunta Galindo.
El objetivo de las preguntas de Izquierda Unida es esclarecer por qué se ha dejado prescribir esta infracción urbanística que fue calificada como grave, “tras un cúmulo de despropósitos en el que se han dado sucesivos parones y reaperturas incomprensibles”. El Ayuntamiento debería trabajar para que estas actuaciones no queden impunes, a juicio de IU, y para que no haya gente que se salte la ley en beneficio propio, como ha ocurrido en este caso.
Asimismo, Galindo considera que “el señor Reguera ha demostrado una evidente incapacidad para gestionar Urbanismo (…) La gravedad de los hechos es mucho mayor cuando hemos podido comprobar, tras la advertencia de varios ciudadanos, de que el infractor es un cargo público del Partido Popular en la provincia”.
