Iberpistas -filial de Abertis y concesionaria de las autopistas AP-6 y AP-51- ha sido multada por el Ministerio de Fomento con 1.200 euros por incumplir su contrato en lo referente a la obligación de conservar la vía en perfectas condiciones de utilización (300 euros por cada día y concesión) durante la nevada de los pasados 6 y 7 de enero, cuando más de 3.000 vehículos quedaron atrapados por la nieve y el hielo en esas carreteras.
El Ministerio abrió al día siguiente un expediente con el objetivo de analizar lo ocurrido y ante la posibilidad de que hubiera un posible incumplimiento de las obligaciones de Iberpistas de prestación del servicio al usuario con la debida diligencia establecida en el correspondiente contrato concesional.
La instrucción de este expediente informativo no ha concluido y se pretende incorporar una serie de actuaciones a ejecutar por las sociedades concesionarias ya que, con independencia de que se haya producido una actuación negligente de las sociedades concesionarias, se considera que tanto los medios como la infraestructura podrían haberse demostrado insuficientes en algún aspecto, provocando o agravando la situación. Estas medidas, que serán analizadas conjuntamente con las sociedades concesionarias, se encuentran en estudio y entre ellas podrían mencionarse, por ejemplo, la construcción de aparcamientos de vialidad invernal o la disposición de pasos de mediana móviles.
Las inversiones adicionales asociadas a estas medidas se incluyen dentro del deber de conservación que le corresponde al concesionario y estaría obligado a ejecutarlas a su costa en cumplimiento de la Ley de Autopistas y el pliego general de autopistas.
Durante la instrucción del mismo se concluyó que se había producido un incumplimiento del contrato de conservar la vía en perfectas condiciones de utilización. Además, aplicando el régimen sancionador de la Ley de Carreteras, se habría producido una infracción grave. Dicha Ley tipifica estas sanciones en el artículo 43.1b) y contempla una multa de 3.001 a 15.000 euros. La incoación de este expediente tuvo lugar el 22 de enero, siendo su plazo de tramitación de doce meses.
A través de un comunicado, el Ministerio de Fomento señala que considera que podría estar resuelto aproximadamente en septiembre y que, también previsiblemente, la sanción será la máxima, es decir 15.000 euros por cada concesión; 30.000 euros en total.
La competencia para la imposición de la misma le corresponde al director general de Carreteras por ser calificada como grave.
