Conscientes de la lacra que supone para la profesión el incremento del número de agresiones a personal sanitario en los últimos años, los responsables del Colegio de Médicos y de su Fundación Científica organizan unas jornadas teórico prácticas que daban comienzo el 4 de abril con la ponencia ‘Asesoramiento jurídico de los Colegios Oficiales de Médicos y Enfermería en los casos de agresión’. El programa ha continuado el miércoles con una conferencia impartida por los interlocutores para combatir las agresiones en el ámbito sanitario de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Juan Vaquero Plaza y José Ramón Martín Ortega, y con la fiscal Inmaculada Martínez García.
En la presentación de las jornadas Enrique Guilabert, presidente del Colegio de Médicos de Segovia, y Jesús Balbás recordaron la importancia de la denuncia y condenaron cualquier caso de violencia física o verbal al que se ve sometido el personal sanitario. Después los asistentes pudieron conocer cómo ha cambiado la situación a raíz de la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la Salud y cómo desde octubre del año pasado está en marcha un protocolo que ha supuesto un paso adelante en la planificación. El inspector Juan Vaquero Plaza explicó que el sistema se ha estructurado de tal forma que exista un interlocutor policial nacional sanitario y 55 interlocutores territoriales que velen por la seguridad de los profesionales de la Sanidad. Al interlocutor policial se suma el de la Guardia Civil, que en Segovia es el capitán de Policía Judicial, el ya mencionado José Ramón Martín Ortega, y el director de Atención Primaria, el doctor Alfredo Maín, quien ejerce de interlocutor sanitario.
Entre los pasos dados y por dar en los próximos meses hacia una mejora de la situación, tanto Vaquero Plaza como Martín Ortega hacían referencia a reuniones de seguimiento del funcionamiento del protocolo, actividades formativas centradas en la contención verbal, análisis de los datos estadísticos o la creación de un pormenorizado catálogo de los centros médicos que ejerza de documento vivo para generar unas pautas de actuación cada cierto tiempo. Ambos ponentes reconocían que en la provincia de Segovia se trabaja “con unos porcentajes mínimos y no graves” de denuncias comparados con otros puntos geográficos y también que “tristemente el género es significativo; el agresor suele sentirse más seguro frente a una mujer joven”. El inspector de la Policía Nacional apuntaba que desde el mes de octubre en la capital ha habido tres delitos denunciados, uno en 2017 y dos en 2018, de injurias y de atentado.
Precisamente, y por último durante la tarde del miércoles, la fiscal Inmaculada Martínez centró su intervención en la evolución experimentada por la tipificación del delito de atentado, en el que ya está plenamente incluido el personal sanitario público. Inmaculada Martínez reveló las dudas que generó el concepto durante mucho tiempo y cómo la Consulta 2/2008 del Fiscal General del Estado aclaró muchas de ellas. «Es verdad que en Segovia tenemos muy pocas agresiones; las pocas que hay, se dan esencialmente en Atención Primaria, Urgencias y la Unidad de Psiquiatría», indicaba la fiscal, quien recordaba que fuera del delito de atentado los profesionales sanitarios pueden ampararse en el delito de amenazas, en el derecho al honor o en la protección que ofrece el delito de injurias y el delito de calumnias, especialmente para casos dados a través de las Redes Sociales, un ámbito en el que el panorama ha cambiado de manera significante en los últimos años.
Estas jornadas convocadas por el Colegio de Médicos de Segovia para sus colegiados continuarán con las conferencias ‘Demografía de las agresiones en el Servicio de Salud de Castilla y León’ y ‘Cómo gestionar una situación de conflicto en la consulta’ el día 2 de mayo, y con la ponencia ‘Seguridad del Personal Sanitario en consulta y en atentados’ el próximo 16 de mayo.
