El Juzgado de Instrucción número 6 de Segovia ha vuelto a rechazar las intenciones del Ayuntamiento de querellarse contra los dueños de la Casa de los Buitrago, situada en la plaza de Santa Eulalia.
Este sobreseimiento provisional se añade al que ya dictó el Juzgado hace justo un año, rechazando la querella presentada por el Ayuntamiento, y que luego confirmó la Audiencia Provincial en septiembre.
La magistrada hace hincapié en que los querellados se han “limitado a ejecutar las obras para las que habían sido autorizados”.
Además recuerda en los fundamentos de derecho que no existe ningún elemento de tipo penal que justifique la querella, por cuanto no aparece debidamente justificado que se haya perpetrado delito alguno. En este sentido argumenta la juez que el hecho de que los dueños no hayan adoptado las medidas precisas para la conservación del inmueble “no equivale a causar daño” al edificio, aunque cuente con protección.
En este sentido donde el Juzgado hace aporta una extensa argumentación de la situación urbanística de este inmueble histórico, que está dentro del ámbito del Peahis, pero que está en tramitación administrativa, y que su grado de protección varió. Además un informe municipal le otorga al inmueble una protección estructural y en él se indica que el edificio se encuentra en ruina y sin uso.
Responsabilidades
Según ha anunciado Jesús Tovar, letrado de la propiedad, “una vez que sea firme el archivo se deberán depurar las responsabilidades ante las evidentes falsedades que se han formulado en la causa penal, habiendo incurrido los testigos que han depuesto a instancia del Ayuntamiento en evidentes irrealidades, y falsedades, lo que motivarán que respondan por ello ante la justicia”. Pero además, la defensa va más allá y advierte de que igualmente los políticos “que han faltado a la verdad objetiva en la formulación de la querella y en las manifestaciones públicas con evidente desprestigio de los afectados deberán responder por ello”.
Por último, manifiesta que toda la denuncia es falsa “tanto en las obras que se dicen ejecutadas que no lo son , como en las que realmente se han ejecutado y que se ajustan tanto a lo que dice el Ayuntamiento en los decretos dictados por la alcaldesa y autorizados por la Comisión Territorial de Patrimonio, de forma mucho más radical. Por ello no se entiende el último informe de dicha Comisión que, contradiciéndose a sí misma, manifiesta que las obras no estaban autorizadas”.
