La Audiencia de Segovia ha confirmado la condena que el Juzgado de Instrucción de Sepúlved impuso a la concejala que se mofó de la muerte del torero Víctor Barrio, por lo que tendrá que indemnizar a la familia del diestro con 7.000 euros, tal como había pedido la Fiscalía y la acusación particular.
El Tribunal ha rechazado el recurso de apelación presentado por la concejal de Catarroja (Valencia) Datxu Peris contra esa primera condena por intromisión ilegítima del derecho al honor del torero segoviano, delito en el que incurrió al publicar un comentario vejatorio sobre su muerte, en julio del año 2016.
El auto judicial, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, corrobora la argumentación de la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda, donde se celebró el juicio oral, en una jornada a la que acudieron algunas personas que propungan la abolición de la fiesta de los toros.
La sentencia, ante la que no cabe recurso, señala que la tauromaquia es “hoy por hoy lícita». Y rechaza los argumentos de la concejala de que las manifestaciones publicadas en la red social Facebook se hicieron “dentro del legítimo derecho de libertad de expresión”. Pero la Audiencia sostiene que el derecho al honor “debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas”.
Los magistrados determinan que la expresión «asesino» para dirigirse a un torero, por el mero hecho de serlo, es «claramente vejatoria»; y aprecian la “intromisión ilegítima” y el perjuicio que se causa por daños morales a la viuda y padres del torero fallecido. Recuerdan que estas manifestaciones se hicieron al día siguiente de la muerte de Víctor Barrio y que tuvieron una amplia repercusión mediática, incrementando más el dolor de la familia del diestro sepulvedano.
Se mantiene así la condena del pasado mes de noviembre que estableció para la concejala valenciana que debe indemnizar a los padres y a la viuda de Barrio con 7.000 euros por los daños ocasionados, a retirar los comentarios que constituyan una intromisión en el honor y a publicar la sentencia. Además deberá pagar las costas judiciales.
