Estudiantes de Derecho Constitucional del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid tuvieron ayer la oportunidad de escuchar las experiencias de dos periodistas sobre la libertad de expresión y el derecho de información. Raquel Sanz Lobo, viuda del torero sepulvedano Víctor Barrio, fue una de las ponentes, y durante su intervención narró el “discurso del odio”generado en las redes sociales contra la familia del diestro, procedente de detractores del mundo del toro. En este sentido, Raquel Sanz se pregunta “¿en redes sociales vale todo?”. La periodista manifestó su respeto a la libertad de información, aunque recordó el artículo 20 de la Constitución española, que establece el derecho a expresarse libremente, pero limitado por el derecho al honor y a la intimidad, entre otros. “La jurisprudencia dice que hay que estudiar caso por caso, pero en las redes sociales es muy difícil”, afirmó, porque son miles los mensajes que se registran en las distintas plataformas.
En su opinión, el fallecimiento de Víctor Barrio hace año y medio en una plaza de toros “supuso un punto de inflexión en las redes sociales, que se llenaron de mensajes de odio”. “La sociedad se dio cuenta de que no había coto, estaba saliendo lo peor de la gente”, apuntó. A este respecto, Raquel Sanz cree que el “sentido común” es fundamental, y añadió que los poderes públicos y las empresas digitales tienen que reaccionar. “Hay que legislar el funcionamiento de las redes sociales”, afirmó la periodista, que junto a la familia de Víctor Barrio mantiene varias demandas judiciales abiertas contra los responsables de algunos de esos mensajes “del odio”. “Queremos que se siente jurisprudencia y estos delitos se conozcan”.
INFORMACIÓN VERAZ
La periodista Marta Redondo, por su parte, habló sobre la evolución de la libertad de comunicación y el sistema democrático. La libertad de expresión es un derecho reconocido y recogido por muchas normativas desde tiempos de la Revolución Francesa y hasta la actualidad, para mantener el sistema democrático y ofrecer al ciudadano información veraz. La Constitución española también recoge ese derecho, que a su vez protege a las personas que lo ejercen, los periodistas con otros dos derechos: el secreto profesional, relativo a las fuentes informativas, y la cláusula de conciencia, que da cierta independencia al periodista frente a la empresa para la que trabaja. Marta Redondo reconoció que “los españoles somos privilegiados en el uso de la libertad de expresión”, aunque añadió que hoy en día la pluralidad de los medios de comunicación no está garantizada, “porque hay intereses ideológicos de ciertas empresas, y los medios dependen de la publicidad y, a su vez, del interés masivo, por lo que se reduce la calidad”.
Redondo cree que la comunicación digital “ha saltado por los aires ese sistema, el altavoz cambia de manos, democratiza la propiedad de los medios, empodera las fuentes y las audiencias, pero el problema está en que no tienen códigos deontológicos, por lo que es incontrolable”.
