La concejala de Gobierno Interior y Personal, Marisa Delgado, asegura que el Ayuntamiento ha adaptado los pliegos de los procedimientos de contratación en curso, e incluso algunos formalizados en 2016 y 2017, a las directivas europeas que han obligado a modificar la normativa a través de la nueva Ley de Contratación del Sector Público que entrará en vigor el próximo viernes, día 9.
También se ha producido una adaptación a la administración electrónica o formación específica para funcionarios sobre la nueva Ley aunque todavía hay cuestiones pendientes como la modificación de la Mesa de Contratación, algo que por ejemplo sí ha hecho la Diputación en su último pleno.
Delgado quita importancia a esto último — “tenemos cosas mucho más prioritarias de las que ocuparnos”, asegura —, al tiempo que admite que la nueva Ley va a suponer, al menos en un primer momento, una importante carga de trabajo para los técnicos municipales.
De hecho, una de las novedades es que los contratos menores tendrá que pasar obligatoriamente la supervisión del área de Contratación, por lo que se ha procedido a contratar a una técnica más para este departamento municipal.
La concejala recuerda que uno de los principios fundamentales de la Ley de Contratación del Sector Público es que persigue reducir la burocracia, las cargas administrativas, pero matiza que ya se han producido críticas porque este texto tiene nada menos que 347 artículos y “una barbaridad” de disposiciones adicionales y, además, “sin abandonar cuestiones de la norma anterior”, ya que los contratos en vigor en este momento se regirán por la Ley anterior.
“Eso supone estar al tanto de dos leyes, más las directivas europeas, lo que hace más complicado el trabajo en Contratación”, dice.
Sin contar que todavía falta un reglamento que desarrolle la nueva Ley, lo que añadirá más complejidad y, consecuentemente, más carga de trabajo a los técnicos municipales, “sobre todo en un primer momento”, según Delgado.
LA CIFRA
347 son los artículos que forman parte de la Ley de Contratación del Sector Público. Contiene, además, 53 disposiciones adicionales, 5 transitorias, una derogatoria y 16 finales, más 6 anexos.
El pasado mes de febrero la Casa Joven acogió un curso de dos días de duración dirigido a ellos, aunque también se invitó a los concejales de la corporación para ponerse al día.
Dos expertas en contratación pública, Silvia Díez y María Hernando, repasaron los aspectos más novedosos de la Ley que afecta no solo al conjunto de las Administraciones Públicas, y por lo tanto al Ayuntamiento, sino también a las empresas municipales, así como a los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales.
La propia Delgado y la jefa de Contratación tienen previsto acudir esta misma semana a una jornada organizada en Madrid por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Plataforma de contratación
La edil recuerda que otra de las cuestiones que se ha adelantado, desde noviembre del año pasado, es la incorporación del perfil del contratante del Ayuntamiento a la Plataforma estatal de Contratación del Sector Público, a la que desde el día 9 se incorporarán también los contratos menores del municipio
Estos últimos varían también en cuanto a la cuantía para su tipificación, los de obras pasan de 50.000 a 40.000 euros y los de servicios de 18.000 a 15.000. En algún caso será necesario también que el Ayuntamiento publique sus anuncios de licitación en la plataforma de la Unión Europea.
Como se recordará, UPyD Centrados en Segovia denunció en el mes de junio de 2017 que el último informe de Transparencia Internacional España recogía el incumplimiento por parte tanto del Ayuntamiento como de la Diputación de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, vigente desde 2013.
CLAVES DE LA NUEVA LEY
- Reducción de cargas administrativas y simplificación del procedimiento. Además de generalizar la administración electrónica en todas las contrataciones, se amplían los casos en los que se utiliza la declaración responsable de las empresas licitadoras para acreditar su solvencia. La gran novedad es un nuevo procedimiento abierto simplificado en el que se reducen notablemente los plazos y se elimina la garantía provisional.
- Prevención de la corrupción. La nueva normativa que en tra en vigor el día 9 parte del concepto de integridad de los funcionarios que participan en los procedimientos y modifica la composición de la mesa de contratación (los cargos electos no podrán superar un tercio de la misma), amplía el concepto de conflicto de intereses y se crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de Proyectos, que actuará con plena independencia orgánica y funcional y velará por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promoverá la concurrencia.
- Criterios sociales y medioambientales. Los criterios cualitativos (valor técnico, estética y funcionalidad, accesibilidad, diseño universal, características sociales y medioambientales) supondrán al menos el 51% de la puntuación en determinados contratos de servicios y en los que tengan por objeto prestaciones de carácter individual.
- Innovación. Se incorpora el procedimiento de asociación para la innovación.
- Pymes. La obligatoriedad de dividir determinados contratos en lotes beneficia la contratación de Pymes locales.
