UPyD-Centrados en Segovia ha expresado su deseo de que el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Segovia Antonio Silva abandone el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia al considerar que a lo largo de este proceso «no le vemos capacitado para una actuación objetiva que responda a la exigencia que nuestra legislación otorga al Ministerio fiscal en casos como el que nos ocupa».
En una carta abierta dirigida al fiscal y remitida a los medios de comunicación, Centrados en Segovia alude a unas recientes manifestaciones realizadas por Silva a la prensa en las que asegura que el caso de las prejubilaciones «es reprobable desde el punto de vista moral, pero no hay elementos objetivos ni subjetivos que califiquen de delito penal la conducta de los exdirectivos». Además, asegura que la apertura del juicio oral decretado por el Juzgado número 2 obedece a «presiones externas» que han motivado esta decisión.
El partido pregunta al fiscal «a qué presión social se refiere para que una jueza se haya decantado por la tesis de la acusación popular, que por otra parte usted siempre ha despreciado, y califican de «curiosa» la coincidencia con las manifestaciones del abogado defensor del expresidente de Caja Segovia.
Además, piden al fiscal que repase el auto de la Audiencia Provincial del 27 de enero de 2017 que revoca el sobreseimiento de la causa, en el que se señala «que existe una duda razonable de la actuación delictiva por parte de los ahora encausados, basada en los resultados económicos de la Caja en 2010 y los cambios en las condiciones de prejubilación de los exdirectivos. Del mismo modo, señalan que en la resolución «deja aparcado el argumento esgrimido por su fiscalía en relación con la documentación aportada por el Banco de España y el FROB que justificaría todo».
La carta pormenoriza estos últimos detalles y asegura que en el informe pericial encargado por el grupo y aportado en los autos señala que Caja Segovia perdió en 2010 230 millones de euros frente a los 16 millones de beneficios de balance oficial. También hace constar «el sospechoso y nada leal cambio en las condiciones de prejubilación según iba avanzando la crisis», así como las «actas vergonzosas» de las reuniones de los órganos colegiados del 22 de diciembre de ese año, fecha en la que se aprobó el gran reparto”
