La concesionaria del aparcamiento subterráneo de José Zorrilla anunció ayer el cierre definitivo de las instalaciones el próximo 28 de febrero ante lo que califica de “inacción” del Ayuntamiento dos años después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia declarara la resolución del contrato por causa imputable al consistorio segoviano.
La unión temporal de empresas (UTE) formada por Pygsur —Promoción y Gestión de Servicios Urbanos— y Collosa —Construcciones y Obras Llorente— ha presentado con fecha de 12 febrero un escrito en el servicio municipal de Contratación y Patrimonio en el que responde a la notificación que desde este habían remitido sobre el acuerdo del pleno del Ayuntamiento donde se aprobó la liquidación del contrato de concesión.
Ese mismo acuerdo de la corporación incluye además la realización de actuaciones y operaciones para que las instalaciones del parking se entreguen al Ayuntamiento “en perfecto estado de conservación, tomando como base los informes municipales oportunos y debiendo estar libres de cargas y gravámenes”. Sin embargo, la empresa de la contrata sostiene que no está justificada esa “pretendida supervisión del estado de las instalaciones” porque entiende que el responsable del mantenimiento de las mismas a lo largo de los dos últimos años es el propio consistorio y cualquier desperfecto producido es igualmente responsabilidad suya.
En este sentido, recuerda la sentencia del Juzgado de lo Contencioso de 22 de febrero de 2016, confirmada después por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, a juicio de la empresa concesionaria, establece que el Ayuntamiento desestimó indebidamente la solicitud que esta UTE había presentado por la vía administrativa en febrero de 2015 para iniciar en ese momento la resolución del contrato. Es decir; interpreta que la relación contractual no tiene efecto desde el 30 de abril de 2015.
Para Collosa, cuyo logo encabeza la nota de prensa remitida por la UTE concesionaria, se ha producido la inacción del Ayuntamiento porque “a pesar de que han transcurrido dos años desde aquella decisión, la corporación municipal no ha adoptado ninguna decisión para gestionar por sí mismo o a través de una empresa especializada el aparcamiento”.
Abunda en este argumento en el escrito dirigido al Ayuntamiento al mantener que este último “ignorando sus múltiples incumplimientos ha evitado durante años la resolución del contrato de concesión y ha permitido el posible deterioro del mismo”.
En definitiva, la UTE asegura que se desligará definitivamente de un contrato “en el que únicamente se ha mantenido en el tiempo para evitar perjuicios a los titulares de plazas en cesión de uso.
Daños y perjuicios
Añade que eso conlleva “los consiguientes daños y perjuicios” y anuncia que por ese motivo tendrá que pagar una indemnización “al actual concesionario”, algo que informa está pendiente de una resolución judicial.
Desde Collosa no quieren difundir la cantidad reclamada al Ayuntamiento por esos daños y perjuicios pero en los últimos años se han barajado diferentes cifras, algunas que los responsables municipales han señalado como desorbitadas, entre 10 y15 millones de euros, lo que desde el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, han señalado como fuente de otro problema añadido a los escasos recursos con los que cuenta la corporación para solucionar problemas de la ciudad como el estado de las calles y polígonos.
Dice la empresa concesionaria que es la supuesta “inactividad del Ayuntamiento” lo que llevará al cierre definitivo a finales de este mes. Hay que recordar que mantenía el servicio de aparcamiento para las 103 plazas en cesión de uso del total de 318 existentes en esta infraestructura de movilidad de la ciudad pero el parking permanece cerrado para rotación desde noviembre de 2015.
Advierte la concesionaria que a partir del día 28 “todos los gastos generados hasta ese momento serán objeto de reclamación” y recuerda al Ayuntamiento “su obligación de subrogar el personal laboral”, un empleado en este momento.
Para Collosa la trascendencia de esta circunstancia radica en que, además de ser una exigencia de la normativa laboral, en el caso de que el municipio no asuma el contrato del operario que todavía trabaja en las instalaciones, se entendería como una operación de transmisión de un activo, sujeto por lo tanto al pago de IVA, que este empresa estima en un coste adicional mínimo de 761.631 euros para las arcas municipales.
Improcedente
La alcaldesa, Clara Luquero, tras conocer la postura de la concesionaria, ha respondido es “absolutamente improcedente porque las obligaciones del contratista no terminan con la rescisión del contrato, tiene la obligación de restituir la instalación en perfecto estado”. Afirma, además, que si cumple su amenaza de cierre definitivo “el Ayuntamiento se reserva las acciones legales que considere convenientes”.
Luquero añade que el procedimiento administrativo debe iniciarse “una vez que hay sentencia firme”, no antes, y mientras tanto es la UTE la que debe mantener las instalaciones en las condiciones adecuadas.
“Si cumplen la amenaza de abandonar la instalación de manera unilateral, lo que no me extrañaría, porque ya lo han hecho en otras ocasiones, lo que el Ayuntamiento va a hacer es tener preparado un plan de contingencia para no abandonar a las personas que tienen un contrato con estos señores, a los que podrían demandar”, ha afirmado la regidora en declaraciones a El Adelantado.
“El Ayuntamiento no puede dejar abandonados a todos los que tienen algún tipo de concesión o alquiler de plazas”, insiste, al tiempo que indica que se establecerá un sistema para que puedan acceder al parking y seguir utilizándolo. “Lo que no puede hacer es dar por recepcionada formalmente la infraestructura y abrirla para la rotación de vehículos, porque no está cerrado el procedimiento”, comenta.
La alcaldesa ha informado de que la Junta de Gobierno Local acordará hoy mismo remitir un requerimiento a Pygsur-Collosa para que en un plazo determinado presenten documentación relacionada con el aparcamiento, como contratos en vigor, seguros, etc. “Todo lo que es necesario que el Ayuntamiento tenga en su poder para recepcionar la instalación”, señala Luquero.
Paralelamente, como anunció la semana pasada, hará los requerimientos para que subsane los desperfectos que se encontraron en la inspección técnica del martes pasado: humedades, luces de emergencia y dispensador electrónico de tickets, entre otros.
Si la concesionaria no lo hace, el Ayuntamiento asumirá el coste de esas reparaciones subsidiariamente pero retraerá esas cantidades de la garantía o fianzas que la UTE pagó en su momento.
ANTECEDENTES
Solicitud de Reequilibrio
Desde 2013 la empresa estuvo requiriendo al Ayuntamiento un reequilibrio de la concesión. La Concesionaria del aparcamiento subterráneo de José Zorrilla, la UTE formada por Pygsur-Collosa, que construyó la infraestructura y la venía explotando desde el año 2005, alegaba bajo nivel de ocupación de las plazas en rotación.
Ante la falta de acuerdo por la vía administrativa, los responsables de la contrata recurrieron a Juzgado de lo Contencioso de Segovia. En febrero de 2016, una sentencia del titular de este órgano judicial, ratificada después por otra del Tribunal Superior de Justicia en julio de ese mismo año, acordó la resolución del contrato.
Además de imputar al consistorio segoviano la causa de esa medida, entre otros motivos por permitir el aparcamiento de vehículos en las instalaciones del Regimiento, el fallo de la sentencia de apelación indicaba que la administración condenada debía proceder a la apertura de la fase de liquidación “en la que se fijará el valor de la concesionaria por las inversiones realizadas pendientes de amortizar y por los daños y perjuicios causados a la misma, con devolución de la garantía”. Una querella por prevaricación presentada por la concesionaria fue archivada en abril de 2017.
Cierre para rotación
Desde noviembre de 2015 el aparcamiento dejó de ofrecer este servicio. La concesionaria llevó a cabo el cierre unilateral del parking para el servicio de plazas en rotación —para conductores que usaban estas instalaciones de forma esporádica pagando en función del tiempo de permanencia del vehículo—pero este ha permanecido abierto para abonados (que adquirieron el derecho a una plaza por un periodo de 40 años desde 2005) y para clientes con plazas de estacionamiento en alquiler.
Liquidación
El Ayuntamiento ha hecho ya efectivo el pago de 3,62 millones de euros en concepto de liquidación del contrato. El presupuesto municipal de 2017 contemplaba una partida de 1.137.158 euros para el pago de esta liquidación, una cifra basada en los cálculos realizados desde los servicios municipales.
El equipo de Gobierno decidió contratar una empresa externa que avalara o completara esa estimación y el resultado fue una cifra que triplica la inicial, 3.626.714,33 euros, por lo que fue necesaria una modificación presupuestaria para incrementar la partida.
En este sentido, el pleno del pasado mes de octubre aprobó, con el voto a favor del Grupo Socialista y la abstención de la oposición, una modificación del presupuesto a través de un crédito extraordinario de 2.328.776,46 euros y un suplemento de crédito de 160.879,87 euros, financiándolo a través de remanentes de Tesorería.
El PP inicia su campaña en la calle
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Raquel Fernández, acompañada de concejales de otros concejales populares, repartirá información esta tarde en la calle de José Zorrilla.
Entre las 17,30 y las 18,30 horas, el principal grupo de la oposición municipal iniciará en esta vía la campaña informativa que anunciaron el pasado día 1 “para hablar de los incumplimientos del PSOE al frente del Ayuntamiento de nuestra capital”, entre ellos precisamente la reapertura del aparcamiento de José Zorrilla, “un claro ejemplo de incumplimiento de los plazos dados por el Gobierno de Clara Luquero, ya que la alcaldesa anunció en diciembre su apertura para el mes de febrero y a la vista de los hechos no va a ser así”, según señala el PP en una nota informativa.
