Los grupos parlamentarios de Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida-Equo en las Cortes de Castilla y León han presentado una iniciativa conjunta para que el pleno del parlamento autonómico acuerde solicitar al Gobierno de España revise la concesión administrativa en las autopistas de peaje AP-6 (Madrid-Adanero), que atraviesa entre otros parte de los municipios de El Espinar y Villacastín; la AP-61 (autopista Segovia-San Rafael) y la AP-51 (Ávila-Villacastín).
Podemos de Castilla y León ha señalado en una nota de prensa que esta iniciativa parlamentaria tiene por finalidad que estas tres autopistas “dejen de ser una barrera económica infranqueable —debido al peaje que tienen que pagar los conductores que las utilizan— que afecta a todo el Noroeste de España y a su comunicación con Madrid.
A juicio de esta formación, estos peajes constituyen en Segovia y Ávila un ejemplo de desigualdad con respecto a otras provincias limítrofes con Madrid, y que se sitúan a la misma distancia, “por tanto la eliminación de los peajes es un factor decisivo para el desarrollo económico en el territorio”.
Podemos mantiene que esa medida facilitaría que las empresas que buscan ubicación en la periferia de Madrid se puedan instalar en estas provincias y generen empleo directo.
La propuesta de resolución de la Proposición no de Ley de los tres grupos parlamentarios indica en primer lugar que las Cortes de Castilla y León se dirijan al Gobierno de España “instándole a cumplir estrictamente la Sentencia de 22 de abril de 2010, de la Sala 4ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSCE/2010/111) donde se declara ilegal la concesión otorgada en 1999 para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51)”.
Esto supone revisar la concesión este mismo año o lo antes posible, y que la explotación de estas vías se realice directamente por el sector público.
En segundo lugar, la propuesta implica dirigirse al Ejecutivo de Mariano Rajoy apara que informe sobre el cumplimiento de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y especialmente de su incidencia sobre el coste de los peajes para los usuarios.
