El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia ha emitido un auto en el que decide la apertura de juicio oral en el caso de las prejubilaciones y planes de pensiones aprobados por el consejo de administración de Caja Segovia para los que fueron sus últimos directivos.
Así lo han indicado desde Izquierda Unida, que está personada como acusación popular en el proceso, junto a la Condeferación Intersindical de Cajas (CIC), mientras que la Fundación Caja Segovia ejerce como acusación particular. En esta causa, la Fiscalía renunció a formular acusación alguna, sino que solicitó el sobreseimiento y archivo.
Por su parte, Centrados en Segovia hace hoy una valoración del caso, a través de una rueda de prensa. En los momentos iniciales del proceso judicial de Caja Segovia también estuvo personada UPyD, aunque tras la disolución del partido en Segovia, la asociación heredera de la formación magenta, Centrados en Segovia, se vio obligada a retirarse de esa función.
Las acusaciones solicitan penas de prisión que oscilan entre los tres y los ocho años y las fianzas impuestas suman un total que supera los 50 millones de euros y el auto abre la puerta a que se sienten en el banquillo el que fuera presidente de la entidad, Atilano Soto, así como los exconsejeros Manuel Agudíez, Elena García Gil, Manuel Escribano, Antonio Tapias y Enrique Quintanilla, por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.
La titular del Juzgado también sitúa como responsable civil directo a la aseguradora Caser, con la que Caja Segovia suscribió las pólizas relacionadas con las retribuciones aprobadas. Asimismo, considera partícipes a título lucrativo a Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Javier Varas, Juan Bautista Magaña, Malaquías del Pozo y Juan Antonio Folgado.
