Izquierda Unida solicitará al pleno la reprobación del concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, por no llevar a cabo las actuaciones pertinentes para evitar la prescripción de la infracción urbanística cometida por el exconcejal socialista Juan Cruz Aragoneses y que se inste a la alcaldesa “a que rectifique sus declaraciones por haber restado importancia a una infracción urbanística calificada como grave por la propia Audiencia Provincial”.
El portavoz y único concejal de IU en el Ayuntamiento de Segovia, Ángel Galindo, se ha mostrado muy crítico con ambos desde que se hizo público la prescripción de la infracción urbanística del que fuera edil del equipo de Gobierno en uno de los mandatos del alcalde Pedro Arahuetes.
IU ha presentado una moción en la que se explica que en 2013 la Audiencia Provincial sentenció que la obra realizada por el ex concejal sobrepasaba las autorizaciones en volumen y superficie en una “indudable infracción urbanística grave” que, si bien no tenía peso penal, debía depurarse en el ámbito administrativo.
“Vista la situación, y dado que el propio Ayuntamiento tenía muy claros los cálculos del periodo de la prescripción, es evidente que tanto el actual concejal de urbanismo, Alfonso Reguera, como la alcaldesa, Clara Luquero, tenían que haber dado explicaciones públicas y convencer a la ciudadanía de Segovia de que no se ha dado un trato de favor hacia su antiguo compañero en la corporación. Hasta el momento solo ha hablado la alcaldesa para afirmar que el Ayuntamiento va a recurrir el archivo del expediente, pero en ningún momento se han dado las razones o justificaciones del retraso en la notificación”, según sostiene Galindo.
Para el grupo municipal queda claro que un posible olvido está descartado, ya que el grupo municipal de UPyD preguntó en mayo de 2016 sobre este asunto en un pleno. Fue entonces cuando Reguera afirmó que en cualquier momento se iba a iniciar otra vez el expediente por la unidad de disciplina urbanística. Apuntó además que, como en cualquier otro caso, cada uno tendrá que asumir la responsabilidad de sus actos.
“En este caso es responsabilidad del concejal de Urbanismo no haber tomado las medidas oportunas para la restitución de la legalidad urbanística. Queda patente una más que posible intencionalidad en este hecho con el fin de librar de una sanción urbanística a un ex miembro del equipo de Gobierno del PSOE”, señala IU.
Sobre las declaraciones de Clara Luquero de que “hay procesos más graves que una huerta en la que se ha hecho una terracita”, Galindo considera que no son de recibo viniendo de la principal autoridad de la ciudad “que debe dar ejemplo hacia la ciudadanía”, máxime cuando el autor de la infracción fue un edil del entonces Gobierno municipal.
Para Izquierda Unida la aplicación de la disciplina urbanística es un asunto para dedicarle los medios necesarios con rigor y con equidad, sin varas de medir diferentes en función de a quién se aplique o de posibles intereses políticos o económicos.
“El Ayuntamiento no puede permitirse que tras un hecho de tanta gravedad, sobre el que apenas se han ofrecido explicaciones, no se asuma ningún tipo de responsabilidad política”, concluye.
