Vecinos del grupo de viviendas de protección oficial de la calle Anselmo Carretero, en el barrio de San Lorenzo, dicen sentirse decepcionados con los responsables municipales porque ven como transcurren los meses y el deterioro de los espacios públicos de la urbanización: accesos, viales, zonas verdes y, sobre todo, la carencia absoluta de alumbrado público, continúa sin solución.
“Engañados”, se confiesan en la comunidad de propietarios, que llegó a retirar una demanda tras el compromiso expreso del concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, de acabar de una vez por todas con una situación de deterioro continuo por la falta de mantenimiento de estos espacios libres.
La corporación aprobó en el pleno del pasado mes de marzo, por unanimidad de todos los grupos políticos, la recepción por parte del Ayuntamiento de Segovia de los viales y espacios libres públicos de este grupo de viviendas de protección oficial, a propuesta precisamente del Grupo Socialista. En ese momento, el propio Reguera defendió la oportunidad de la medida porque, aunque la cesión gratuita por parte de la Junta de Castilla y León de los viales y zonas verdes se remonta a la ocupación de las 79 viviendas de protección oficial, en el año 1995, y cuenta con la firma del entonces alcalde, Ramón Escobar, en los 21 años transcurridos desde entonces no se había hecho efectiva porque, a juicio del equipo de Gobierno municipal actual, el acta de recepción debía estar ratificada por el pleno.
La alcaldesa, Clara Luquero, tuvo conocimiento directamente de este problema en la campaña electoral de 2015, durante un encuentro con vecinos del barrio de San Lorenzo. A partir de entonces, y tras visitar la urbanizacion la propia regidora, acompañada por Reguera y otros responsables municipales, se inicia una relación “de buena fe” que concluye con la propuesta elevada al pleno y la retirada por parte de la comunidad de propietarios de un procedimiento abierto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
El compromiso del pleno fue iniciar “a la mayor brevedad posible” el expediente de recepción de los viales y zonas comunes, que suman en torno a 4.800 metros cuadrados, para incorporarlos al patrimonio público municipal. Esa resolución plenaria incluía informar a la comunidad de propietarios del inicio de ese expediente, algo que, una vez transcurridos casi siete meses no se ha producido, afirman los interesados, quienes creen que están siendo “ninguneados” porque nadie da la cara para ofrecer explicaciones.
