El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de los Barrios Incorporados de Segovia, Ángel Tuñón, informó ayer de que tanto esta entidad como la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Segovia, que preside Juan Bautista Mullor, han decidido no presentar recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la subida del precio del agua en el municipio.
Ambas federaciones iniciaron en los últimos meses del año pasado una colaboración motivada por la lucha contra el denominado ‘tasazo’. Como se recordará el 2 de enero entraron en vigor las ordenanzas fiscales y, en la que afecta a la tasa municipal por el servicio de agua, desde este año se ha suprimido una bonificación del 50% a los residentes en los barrios de Fuentemilanos, Hontoria, Madrona, Perogordo, Torredondo y Zamarramala y a los de la entidad local menor de Revenga. A esta medida hay que añadir la subida general que se ha establecido para todos los domicilios particulares en tres tramos en función del consumo.
Tuñón explicó que se ha descartado la vía de los tribunales de Justicia por el coste económico que supondría para estas organizaciones vecinales, sin ánimo de lucro, aunque mantienen su posición contraria a las disposiciones del Gobierno municipal en materia de precios públicos —tampoco admiten la supresión de la bonificación en los barrios incorporados de la tasa de basura— y piden la congelación del IBI, por ejemplo—.
Ambas federaciones estudian otras acciones reivindicativas como las protagonizadas el año pasado, cuando convocaron manifestaciones de protesta por el centro de la ciudad.
Tras la aprobación definitiva en el pleno del 21 de diciembre pasado de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos que regirán durante este año 2016 , el Ayuntamiento de Segovia publicó el día 28 de ese mismo mes en el Boletín Oficial de la Provincia el correspondiente edicto, requisito indispensable para su entrada en vigor el pasado 2 de enero. Posteriormente, el 6 de enero, publicó otro en el mismo boletín oficial, tras advertir un error, ya que había omitido un párrafo en el que se recoge que los interesados pueden interponer un recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación. El citado documento lleva fecha del 29 de diciembre y está firmado por la alcaldesa, Clara Luquero. Hasta el momento no ha trascendido si otros colectivos o particulares han presentado o van a presentar recurso contra estas ordenanzas fiscales ya en vigor.
El desencuentro continúa
Aunque el asunto no llegue a los tribunales de Justicia, concretamente al Tribunal Superior de Castilla y León, nada parece indicar que desde los barrios incorporados, y desde las dos federaciones que agrupan al grueso de asociaciones de vecinos del municipio, vayan a olvidar fácilmente lo que precisamente una vecina de Madrona denominó ‘tasazo’ cuando EL ADELANTADO se acercó a ese barrio incorporado para medir cómo estaba siendo recibida la medida adoptada por el Gobierno municipal antes de que se hiciera efectiva. Precisamente, Ángel Tuñón, presidente de la federación que agrupa a las asociaciones de los barrios incorporados, se mostraba ayer muy enfadado con las declaraciones que esta misma semana hacía el concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, en un debate en la televisión local sobre las tasas municipales, y concretamente sobre el precio del servicio del agua y los servicios que reciben estos barrios. Mientras tanto, por la mañana, la alcaldesa, Clara Luquero, visitó otro barrio incorporado, Hontoria y, en declaraciones a Radio Segovia (Cadena SER), reiteraba el argumento de que “no había nada que la avalara —la bonificación— y de alguna manera era injusta para el resto de los vecinos”. La regidora insistió en que las directivas de la UE instan a cobrar a los usuarios por el coste real del servicio.
