Los ayuntamientos de la provincia buscan, de forma independiente soluciones a los problemas que genera la gestión de los residuos procedentes de las obras menores de construcción. El problema parecía haberse solucionado cuando la Diputación provincial puso en marcha un plan para que los municipios dispusieran de la posibilidad de recoger estos residuos a través de una empresa especializada para su reciclaje.
Para ello se puso en marcha un concurso público para adjudicar esta labor. Ahora se cumplen dos años de la aprobación del convenio al que podían acogerse los municipios segovianos para que el Consorcio Provincial de Medio Ambiente se hiciera cargo de este servicio. Simplemente debían facilitar un espacio en el que colocar uno o varios contenedores en los que depositar los residuos.
Antes, la Junta había puesto en marcha un plan regional que contemplaba ocho plantas de tratamiento para los municipios de Segovia, Cantalejo, Cuéllar, El Espinar, Mozoncillo, Nava de la Asunción, Pedraza y Riaza. La estrategia fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) del 23 de julio de 2008, sin que desde la Administración regional se llevara a cabo. Y lo asumió el Consorcio Provincial de Medio Ambiente.
Pero a finales del año pasado, el problema regresó. El Consorcio Provincial de Medio Ambiente y la empresa a la que se había adjudicado este servicio decidieron rescindir el contrato.
“Tras hacer el concurso y la adjudicación, debido a la crisis que afectó al sector de la construcción, los ayuntamientos han usado muy poco el servicio”, explica el presidente del Consorcio de Medio Ambiente y alcalde de Cantalejo, José Antonio Sanz Martín.
La empresa a la que se adjudicó este servicio había calculado unos ingresos anuales de unos 80.000 euros. Pero el escaso uso del servicio hizo que no se recaudaran más de 6.000 euros. De este modo se decidió rescindir el contrato. “Los consorcios tratamos de dar un servicio a todos y cada uno de los ayuntamientos, pero no podemos obligarlos, y tampoco sabemos quién lo va a utilizar. Se preveía que iban a ser muchos, pero han sido pocos y nos ha llevado a la resolución del acuerdo”, añade Sanz Martín.
Así se acordó en la Junta de Gobierno del Consorcio Provincial, y se expuso en el pleno de la Diputación del pasado mes diciembre.
Así las cosas, los ayuntamientos han de buscar sus propios sistemas para facilitar a los particulares y a los pequeños profesionales de la construcción la gestión de los residuos de las obras menores.
En algunos casos, los propios ayuntamientos han suscrito un acuerdo con empresas del sector que lo gestionan, una vez que los primeros habilitan un espacio para depositarlos. Es el caso de Sacramenia, donde mantiene un recinto en el que los usuarios dejan los escombros, clasificados según se trate de residuos limpios o mezclados con otros materiales.
Pero en la mayoría de los municipios, son los propios profesionales de la construcción quienes se encargan directamente de llevarlos a los lugares adecuados para su gestión. Este coste lo aplican por regla general a los usuarios.
Sin embargo, se da la circunstancia de que para evitar los costes económicos a mayores que puede suponer dar un correcto tratamiento a estos residuos, sean esparcidos en cualquier lugar y no se gestionen de la forma adecuada.
