La coordinadora provincial de UPyD, Luciana Miguel, denunció ayer que los últimos directivos de Caja Segovia se beneficiaron de nuevas pólizas de prejubilaciones en los últimos meses de existencia de la entidad.
De acuerdo con la documentación aportada y que consta en el sumario que investiga el Juzgado número 2 de Segovia, en el año 2001 se consignaron dos millones de euros a través de la compañía Caser para las prejubilaciones de dos altos directivos.
Uno de ellos, Miguel Ángel Sánchez Plaza, fue director general durante casi un año, una vez que se prejubiló Manuel Escribano. El otro beneficiario, Antonio Tapias, era el secretario general de la entidad. De ambos, el primero sería el más beneficiado, con una póliza de 1,259.035,99 euros, que se suscribió el 31 de marzo de 2011. Tapias, por su parte mejoró su retribución con 781.998,33 euros el 3 de mayo de 2011.
Estas aportaciones se suman a las que ya denunció UPyD hace unos días, y que se suscribieron el último día de diciembre de 2010, el año en el que se acuerda definitivamente la integración financiera que daría lugar a Bankia. Además en ese mismo año 2010 se llegó a un acuerdo laboral con los representantes de los empleados para garantizar las jubilaciones anticipadas de la plantilla más veterana. Pero también se consignaron más de 17 millones de euros para los ocho directivos en concepto de prejubilaciones.
En su declaración ayer en rueda de prensa, la portavoz de UPyD Luciana Miguel señaló que en total se consignaron más de 32 millones de euros en este tipo de gratificaciones y, según su opinión, suponen “una especial gravedad habida cuenta de la crítica situación financiera en la que se encontraba la Caja en dicho ejercicio”. Y así se lo han hecho saber al Juzgado.
Estas últimas aportaciones a la aseguradora Caser para los dos ejecutivos se hicieron en marzo y en mayo de 2011. Se hizo, pues coincidiendo con importantes fechas de cambios en la entidad. En marzo del año 2011, la nueva entidad resultante de la integración de las nuevas cajas, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), presentaba Bankia como marca comercial. Este mismo mes BFA recurrió a capital público mediante el Fondo de de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por 4.465 millones de euros. También fue en este mes cuando se iniciaron los trámites para salir a Bolsa, otra pieza judicial en investigación en la Audiencia Nacional.
Fue en noviembre de ese mismo año cuando UPyD presentó la denuncia por lo que consideró prejubilaciones millonarias de los directivos de la entidad.
Ahora, UPyD dará traslado de la nueva documentación al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) y a la Fundación Caja Segovia.
Desde UpyD añadieron que en el año 2011 Caja Segovia ya no existía como entidad bancaria, pero todavía ese año existían varios de los órganos de gobierno, como Consejo de Administración o Comisión de Control; incluso el Consejo se mantuvo en el año 2012, que es cuando se aprobó la hipoteca del Torreón de Lozoya.
En todo caso desde UPyD se señaló que la nueva documentación deberán analizarla los peritos judiciales, puesto que ya consta en el sumario del Juzgado número 2. También se remitirá al FROB, que en ese momento ya había inyectado dinero al Banco Financiero y de Ahorros; y también se lo trasladará a la Fundación Caja Segovia por si quiere presentar la correspondiente denuncia.
