Se avecinan malos tiempos para quienes gusten de disfrutar de un vino o una caña a la puerta de un bar. No serán las bajas temperaturas las que impedirán la costumbre sino los agentes de Policía Local, que durante las noches de los dos últimos fines de semana ha patrullado los bares del casco antiguo, concretamente de la Plaza Mayor y de la calle Infanta Isabel, conocida como “calle de los bares”, para invitar a los clientes a consumir en el interior de los establecimientos.
El incremento de denuncias presentadas por algunos vecinos de la zona, registradas en el Ayuntamiento, es lo que ha forzado la movilización policial para vigilar el cumplimiento del artículo 16 de la Ordenanza Municipal sobre Prevención de Alcoholismo y Tabaquismo; que además de prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo autorización; impide además, bajo la responsabilidad del propietario del bar, que los consumidores saquen del establecimiento a la calle cualquier tipo de bebida que tenga alcohol. Solo está permitido el consumo en las terrazas de los establecimientos.
En estos días, los agentes policiales se han limitado a recordar la normativa a los camareros o propietarios del bar, aunque también a los propios clientes, a quienes han invitado a pasar dentro del establecimiento. Fuentes municipales indicaron ayer que fruto de esta labor inspectora no se han producido incidentes, ni tampoco ha sido multado ningún cliente o propietario, pese a que la Ordenanza contempla un duro régimen sancionador.
En virtud de la normativa, redactada en 1997 y actualizada en 2012, cualquier persona que consuma una bebida alcohólica en la vía pública se arriesga a ser sancionado, como mínimo, con una multa de 30 euros. La normativa tipifica las faltas “leves” con multas de entre 30 a 600 euros.
Los dueños de los establecimientos que no impidan a sus clientes que consuman en la calle las bebidas alcohólicas que les han dispensando cometerían una falta “grave”, que la ordenanza sanciona con multas desde 601 a 10.000 euros. Las infracciones “muy graves” contemplan el pago de multas de 10.001 a 601.000 euros; como podría ser el caso de la venta de alcohol a un menor que tuviera consecuencias graves para su salud o que, con ello, se produzca una alteración del orden público.
La concejala responsable de Policía Local, María José de Andrés, confirma que se han multiplicado en las últimas semanas, no ya las quejas, sino las “denuncias” vecinales presentadas en el propio Ayuntamiento, y que como consecuencia de ello, los agentes tienen la obligación de ofrecer una respuesta y velar por que se cumpla normativa. Las patrullas policiales por los bares no responden, reitera De Andrés, a una campaña emprendida por el Ayuntamiento o a instrucciones caprichosas de su departamento o del propio jefe policial, sino a denuncias presentadas por escrito y que “como es lógico, no podemos obviar”. La concejala sostiene que los agentes “actúan siempre con flexibilidad” y, en este sentido, confirma que no se han impuesto sanciones.
De Andrés tiene claro que lo que ‘molesta’ a esos vecinos no es el consumo de alcohol en la calle sino el presunto ruido y jaleo que se produce por la concentración de personas en la calle. Por ejemplo, en época estival, solo en la “calle de los bares”, donde existen más de una docena de establecimientos, cada sábado por la noche pueden llegar a concentrarse en la calle y en el interior de los locales entre 2.500 y 3.000 personas, según los cálculos de la Policía Local.
La concejala sostiene que esas denuncias se repiten ‘casi de forma cíclica’ y que, en todo caso, la Policía Local, al margen de quejas o denuncias, realiza una labor inspectora para velar por el cumplimiento de las ordenanzas; especialmente, en el caso del alcohol, para impedir su consumo por parte de menores.
“Nuestra intención es no poner multas a los adultos que consumen alcohol en la calle, se les invita a que lo hagan dentro de los bares, sancionar por sancionar sería una medida muy agresiva, pero, lógicamente, nuestra obligación es hacer cumplir la ley”, afirma De Andrés, que sostiene que hay que “conjugar” el derecho al descanso de los vecinos con el disfrute ciudadano y la actividad hostelera.
El presidente de la Agrupación de Industriales Hosteleros (AIHS), Julián Duque, observa con preocupación las denuncias y el incremento de la presencia policial a las puertas de bares y restaurantes para impedir el consumo. Considera que la Policía Local “no hace más que cumplir su obligación” y que el gesto de los agentes de invitar a clientes y bares a consumir en el interior de los establecimientos y no multarles demuestra que el Ayuntamiento no quiere hacer daño a la hostelería segoviana.
Sin embargo, Duque no entiende las denuncias vecinales. “El ciudadano tiene que ser consciente de dónde vive, hacerlo en el casco antiguo supone un privilegio pero también conlleva incomodidades, que son desde la falta de aparcamiento hasta la falta de supermercados y, en este caso, la presencia de más gente en la calle se produce en días y horas muy puntuales”, afirma el hostelero. Duque sostiene que “los vecinos tienen derecho al descanso y lo respetamos” aunque “dos noches y media a la semana no perturban el sueño, creo que se puede ser un poco más solidario”.
El presidente de la AIHS cree que si se intensifican las patrullas policiales y se impide el consumo a las puertas de los establecimientos, los segovianos dejarán de subir al casco antiguo y “eso supondrá un suicidio económico colectivo”. “Lo único que tenemos es turismo y gastronomía, es lo que empuja el tren de la economía segoviana, si empezamos a cerrar bares y restaurantes, se producirá ese suicidio económico colectivo (…) nos iremos a la Hontanilla a hacer el botellón, que allí no molestamos a nadie”, añade.
