El pasado 4 de febrero, el pleno del Ayuntamiento adoptó un acuerdo para subsanar un ‘error’ detectado en el PGOU de 2008, referido a la calificación de la parcela donde se construye el complejo deportivo Carlos Melero. Ese ‘error’ fue advertido por el PP en marzo de 2012. Para los populares, la oleada de sentencias judiciales desfavorables al Ayuntamiento en relación a este proyecto se hubieran evitado si el Gobierno municipal hubiese corregido esas «irregularidades’ urbanísticas cuando lo advirtieron ellos, hace ahora más de dos años. La parcela estaba calificada como «espacio libre de uso público», con la edificabilidad agotada, tal y como se recogía en el Plan Parcial del Sector A; y no como un «equipamiento deportivo», que era lo que figuraba en el PGOU de 2008.
Para agilizar la resolución del conflicto urbanístico, de forma paralela a la modificación del PGOU, el Gobierno municipal inició trámites para cambiar el Plan Parcial que afecta a la parcela. Un auto del TSJCyL dio un ‘balón de oxígeno» al Ayuntamiento, al anular por un «defecto formal» una anterior sentencia, del 7 de junio de 2013, contraria al Ayuntamiento. El auto del TSJCyL fue una gran noticia para el Ayuntamiento, dado que obligaba a retornar todo el litigio al momento de la presentación de la primera demanda, por parte de la empresa Expinmobel.
La empresa Expinmobel, que denunció la ilegalidad de las obras y a la que los tribunales dieron la razón en varios pronunciamientos, presentó, en noviembre de 2013, un escrito en el que desistía a continuar con el proceso judicial. Expinmobel renunció a pedir la ejecución de la sentencia del TSJCyL, fechada el 6 de septiembre de 2013, que declaró nula la adjudicación de las obras a favor de la empresa «Segovia Sport S.L.».
El entonces alcalde, Pedro Arahuetes negó que la decisión de Expinmobel obedeciera a un acuerdo extrajudicial entre el Ayuntamiento y la empresa demandante. Casualidad o no, la posibilidad de que Expinmobel pidiese al juez la ejecución de la sentencia se esfumó tras el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa Pizber S.L, que, según aseguró el PP, pertenecen a los mismos propietarios. El convenio contempló la recalificación de una parcela de Pizber S.L, de casi 6.000 metros cuadrados, junto a Mercadona, en Nueva Segovia.
