La demolición de edificaciones ‘ilegales’ ya no es patrimonio de las localidades del litoral ni por obra de la Ley de Costas. Segovia puede asistir en unos meses al derribo de un edificio, en pleno casco histórico, sobre el que cierne la polémica desde hace casi 20 años. Un auto del TSJCYL, que dio a conocer ayer el alcalde, Pedro Arahuetes, ha anulado el acuerdo de la Junta de Gobierno local, adoptado el 5 de enero de 2012, que trataba de legalizar la Casa de la Parra, sobre la que pesaban diversas órdenes de derribo, incluso desde el Tribunal Supremo.
«Dentro de tres o cinco meses se derribará, salvo que el juez rectifique», aseguró ayer el alcalde, quien, con ironía, agradeció al PP que «después de 20 años» el Ayuntamiento «tenga que gastar casi 200.000 euros en derribar algo».
La casa fue construida sobre el solar de una huerta en la calle de la Parra hace 19 años, con una licencia que concedió el Ayuntamiento, bajo gobierno del PP, con Ramón Escobar como regidor, el 13 de abril de 1993. Sin embargo, la licencia fue declarada nula el 27 de junio de 1996 por el TSJ de Castilla y León, que condenó al Ayuntamiento y a la propiedad a derribar el edificio. Con posterioridad, los tribunales emitieron sentencias en este mismo sentido; ordenando, de forma reiterada, el derribo del inmueble.
El último auto del TSCyL, dictado el 25 de febrero, concede al alcalde un plazo de 15 días (a contar desde la notificación) para que acredite que se han dado los pasos necesarios por el Ayuntamiento para que se proceda al derribo. El tribunal considera que las obras deben llevarse a cabo «de forma urgente» y designa a la secretaria municipal para que informe a la sala cada quince días «de las actuaciones realizadas para llevar a cabo la estricta ejecución de la sentencia».
«Mientras el juez no dé marcha atrás, nosotros continuaremos con los plazos», dijo el alcalde. En esta línea, la junta de Gobierno acordó ayer, por la vía de urgencia, aprobar el proyecto de derribo, que cuenta con un presupuesto de 199.990,19 euros. El proyecto será sometido a exposición pública antes de 15 días y a continuación se abrirá el proceso para licitar las obras. Arahuetes calcula que «en tres o cinco meses» se llevarán a cabo las obras de derribo de la vivienda, situada en el número 4 de la calle de La Parra.
«Aquí no hay una cuestión política, el juez ha decidido que no era legalizable, en contra de nuestro criterio, ha anulado el acuerdo que adoptamos y no hay más remedio que derribar», señaló el alcalde, quien precisó que el Ayuntamiento presentará un recurso frente al auto del TSJCyL, una acción que, en todo caso, no supondrá la paralización de las obras.
Arahuetes aseguró ayer que imagina que la propiedad presentará una demanda jurídica contra el Ayuntamiento para reclamar daños y perjuicios. «No entro si tiene derecho o no, pero me imagino que la presentarán», afirmó Arahuetes, quien confesó que pensaba que este caso ya se había solucionado con el acuerdo de legalización adoptado en enero de 2012 y la decisión política de plasmarlo en el Plan Especial de Áreas Históricas (PEAHIS), aunque con la oposición frontal de IU, que ya advirtió en su momento que el derribo de la Casa de la Parra era uno de los acuerdos del pacto de gobernabilidad PSOE-IU.
licencia anulada El Ayuntamiento concedió la licencia del inmueble en 1993, sin estar aprobado el Plan Especial del Recinto Histórico y obviando las directrices del PGOU de 1984. Los tribunales anularon después tanto aquel Plan Especial como la licencia del inmueble y, a partir de ahí, todos los pronunciamientos judiciales ordenando el derribo del edificio.
Un auto del TSJCyL, de 2 de noviembre de 2010, estimó que el derribo del inmueble era procedente, en virtud de sentencias judiciales anteriores, aunque sin perjuicio de que fuera posible la tramitación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística.
A la luz de este auto, Urbanismo emitió en 2011 un informe que consideraba que el polémico edificio podía ser legalizado si la propiedad cumplía con algunas condiciones previas, como tramitar las correspondientes licencias ambientales y de apertura para los garajes y el local comercial que alberga el inmueble. Asimismo, la Comisión Territorial de Patrimonio emitió el 21 de diciembre de ese año un informe favorable a la legalización al entender que el edificio «no altera las características generales, de carácter y ambiente, del conjunto histórico de la ciudad». Finalmente, la junta de Gobierno local aprobó la legalización el 5 de enero de 2012, un acuerdo que este último auto del TSCYL ha anulado.
