La sala de vistas del Palacio de Justicia de Segovia vivió ayer una intensa mañana. Atilano Soto, expresidente de Caja Segovia, declaró durante aproximadamente dos horas (desde poco después de las diez hasta pasadas las doce del mediodía) ante el magistrado Jesús Marina Reig, titular del Juzgado nº 2. Después lo haría el que fuera vicepresidente de la entidad, Manuel Agudíez, durante algo más de una hora. Enfrente tenían a los abogados de las dos acusaciones particulares que se han personado en el caso de las prejubilaciones millonarias y a la fiscal.
Sin embargo sólo contestaron a las preguntas de la fiscal, del juez y de su propio abogado, el jurista Luis Rodríguez Ramos. Éste explicaba que esa estrategia estaba motivada porque consideran “temerario” el ejercicio de la acción penal por parte de las acusaciones. A continuación añadía, sin embargo, que su estrategia es “que quede claro lo que ha ocurrido porque en este caso no hay que maquillar la realidad, simplemente dejando los hechos crudos y duros, al aire, se demuestra que por parte de los denunciantes se han omitido datos esenciales para generar ciertas dudas. Esa temeridad merece el castigo de que no se les responda y así se ha hecho”.
Admitía que hoy y mañana, cuando declaren el exdirector general y el ex secretario general de la Caja, Andrés Escribano y Antonio Tapias, “al ser técnicos, directivos, podrán contestar con mayor precisión y claridad a las preguntas de la fiscal, aunque ya adelanto que no va a salir petróleo, por mucho que se profundice, de donde no hay”, añadió.
Por su parte, el abogado de una de las acusaciones particulares, Andrés Herzog, que representa al partido UPyD, reveló que tanto Soto como Agudíez habían derivado responsabilidades en el director general y también en el de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla, por lo que prevé que el juez cite a declarar a este último, bien como testigo o bien como imputado.
Además, Herzog sacó la impresión ayer de que los miembros del Consejo de Administración de Caja Segovia no llegaron a conocer las cantidades exactas que iban a recibir los directivos prejubilados, porque se les presentaron porcentajes en función de variables.
