La Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León ocupa desde hace 25 años una planta del CEIP Domingo de Soto de manera presuntamente irregular. Y lo hace, según la versión ofrecida ayer por el alcalde, Pedro Arahuetes, porque en esa planta primera del centro, la administración regional tiene ubicado el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Segovia (CFPI), un uso educativo que no se corresponde con el autorizado para el inmueble, destinado, exclusivamente, para educación infantil y primaria.
Según Arahuetes, este centro de formación del profesorado, que opera mañana y tarde, supone el 50% de los gastos que genera el colegio. Con esta premisa, el Ayuntamiento lleva afrontando desde hace años unos gastos que no les corresponde, dado que las arcas municipales, según señaló el alcalde, solo deben atender, por ley, los derivados de la conservación, mantenimiento y vigilancia del centro para el uso que está autorizado: la educación infantil y primaria. Por este motivo, la junta de Gobierno local acordó ayer solicitar a la Dirección Provincial de Educación la «desafectación parcial» del uso educativo del CEIP Domingo de Soto o, en su caso, el desalojo de estas dependencias.
Arahuetes ha desvelado que el propio delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, le admitió, en una carta, que este centro de formación del profesorado llevaba funcionando en una planta del colegio desde hace 25 años. «El Ayuntamiento tiene la obligación de conservar, mantener y vigilar los colegios de educación infantil y primaria; aquellos que no nos corresponden no debemos realizarlo, esa planta tiene que ser desafectada a esos usos», apuntó Arahuetes.
Para cimentar su argumentación, el alcalde recordó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León sobre el edificio del antiguo colegio Martín Chico, donde la Junta tenía también instalada una unidad educativa y que tuvo que desalojar, a raíz de este fallo judicial. La sentencia señaló que si la administración educativa quería dar un uso distinto al de la educación de infantil y primaria, aunque fuese también relacionado con la educación, era precisa la desafectación del inmueble.
«No tenemos el porqué pagar esos gastos, por desgracia me he enterado el mes pasado y tenemos una sentencia que nos dice que tipo de educación tiene que financiar el Ayuntamiento«, dijo Arahuetes, que no acertó a precisar el montante económico anual que destinan las arcas municipales para el mantenimiento del centro. A juicio del alcalde, la Junta debería desalojar esas dependencias del colegio o, en su caso, «que empiecen a pagar la parte que les corresponde por el uso de ese espacio».
Como se recordará, Junta y Ayuntamiento han mantenido una polémica en relación a la financiación de las obras de reparación de la cubierta del centro. Arahuetes insistió en que el Ayuntamiento se comprometió a financiar al 50% los trabajos (25.000 euros), aunque después el presupuesto se elevó unos 10.000 euros más, un sobrecoste que se negó a asumir el consistorio. «Llevan 25 años usando el centro sin asumir ningún gasto, es bueno que se conozca para que algunos lo agradezcan y no exijan que paguemos más por algo que no nos corresponde», añadió el alcalde.
