Una veintena de ayuntamientos de la provincia de Segovia han creado una plataforma, encabezada por una comisión, en contra de la inmatriculación de inmuebles religiosos, que en los últimos años el Obispado de Segovia ha puesto a su nombre. Amparado por un Real Decreto de la época del Gobierno de José María Aznar, la Iglesia ha registrado varios templos y otros inmuebles de la provincia como de su propiedad, mientras que los alcaldes reclaman que sean devueltas, ya que siempre han sido conservadas por el pueblo.
El pasado mes de junio varios alcaldes de distinto color político de la provincia, afectados por inmatriculaciones, mantuvieron un encuentro, del que surgió una comisión formada por los siguientes regidores: Pedro Gómez (Aldeanueva del Codonal), Jesús Pastor (Bernardos), Carlos Enrique Fuentes (Sanchonuño), Heliodoro Ríos (Pinarejos) y Félix Matesanz (Puebla de Pedraza), encargada de coordinar acciones y actuaciones municipales.
La primera medida adoptada ha sido enviar una carta al presidente de la Diputación Provincial, Francisco Vázquez, para que medie ante el Obispado de Segovia, “con el fin de buscar una solución pacífica y razonable a los municipios afectados hasta el momento, y evitar que sigan inmatriculándose más iglesias, ermitas, etc., de la manera que hasta ahora se ha producido”, según exponen en el escrito. Hasta el momento la comisión no ha recibido contestación de la Diputación, diden.
Previamente, el obispo de Segovia, Ángel Rubio, fue invitado por el alcalde de Aldeanueva del Codonal al encuentro del pasado mes de junio, con el fin de que escuchara las demandas de los pueblos, y justificara la postura de la Diócesis. A través de una carta declinó la invitación, alegando que le era imposible asistir. En este sentido, Pedro Gómez explicó que en su contestación, el prelado agradecía la deferencia de invitarle, pero lamentaba que todavía no tuviera clara la postura del Obispado, después de varias reuniones con miembros de la diócesis. A este respecto, el alcalde reconoce que sí ha mantenido encuentros con integrantes de la diócesis, “pero nunca ha estado presente el propio obispo”. “En la carta dice que el Obispado está obligado, según le han indicado por derecho, a entre otras actuaciones, a la inmatriculación de bienes. Creo que nadie le ha obligado a hacerlo. Y añade que la diócesis, como titular de los derechos de bienes inmuebles reconocidos, está obligada a habilitar el procedimiento para hacerse con esas propiedades públicas del Obispado”, señaló Pedro Gómez. Éste insiste en que el Obispado no puede demostrar que esos inmuebles son suyos, “porque no hay ningún documento que así lo acredite, por lo menos, en el caso de Aldeanueva, donde se quemó el archivo. El obispo manda en lo religioso, pero no en la propiedad”.
A la espera de respuestas por parte de la Diputación y del propio Obispado, los alcaldes prevén que en un futuro serán más los ayuntamientos que se incorporen a la plataforma, al ser un problema de toda la provincia.
