La regulación del funcionamiento de las mancomunidades de municipios mantiene a sus máximos dirigentes expectantes para poder afrontar la gestión de los servicios que vienen prestando a los vecinos de los pueblos que las integran. La falta de concreción sobre el futuro de estas organizaciones, algunas de las cuales nacieron hace varios siglos, tiene a alcaldes y concejales, a la espera de que se desarrollen las normas anunciadas por las administraciones superiores.
El pasado viernes, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas avanzó algunos detalles del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que afecta a las mancomunidades. Según dijo, mancomunidades y las entidades locales menores se someterán a un proceso de evaluación por parte del Ministerio. “Si no lo superan, serán disueltas”, advirtió Cristóbal Montoro. Así, los servicios de las mancomunidades pasarán a depender de las diputaciones, mientras que los de las entidades locales menores dependerán de los municipios. En su advertencia, el ministro dijo que los ayuntamientos no podrán crear ningún organismo nuevo durante la vigencia de este plan de ajuste y deberán corregir mediante un plan de saneamiento la situación de déficit de sus empresas dependientes, o liquidarlas.
En su informe, el ministro añadió que lejos “de privatizar los ayuntamientos, la reforma potencia la gestión pública directa, ya que un servicio sólo podrá ser prestado por una entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local cuando sea más sostenible y eficiente que la gestión por la propia entidad local”.
Algunas de las agrupaciones de municipios tienen varios siglos de historia, como son las comunidades de tierra, ocho de las 30 agrupaciones que existen. La organización interna de estas organizaciones varía con procesos más o menos democráticos, donde se elige al presidente por votación, bien de forma rotatoria, o bien de forma permanente en uno de los municipios, como es el caso de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, y en la de Ciudad y Tierra de Segovia. También son estas históricas las que agrupan a más municipios.
Con menos trayectoria histórica se encuentran las nacidas para gestionar bienes comunes, como el agua. La última en crearse en Segovia fue la Mancomunidad del Eresma, con el fin de regular el reparto de agua de la presa de Villeguillo. Integra a pueblos de Segovia, de Ávila y de Valladolid.
Pero el servicio más extendido entre las mancomunidades es el de la recogida de residuos sólidos, y la limpieza viaria. También algunas mancomunidades agrupan a pueblos de más de una provincia. Es el caso de la Mancomunidad Interprovincial Castellana, con sede en Villacastín, que también acoge a Maello y Santa María del Cubillo (Ávila).
Ante la idea de que algunas mancomunidades supongan una gestión superpuesta a las de los municipios, sus responsables defienden la labor que vienen desempeñando.
El presidente de la Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña, José María Bravo, recuerda que la organización que representa tiene 800 años de historia y ha ido adaptándose y evolucionando con el tiempo. “Han hecho una labor que los municipios por sí solos no podían desempeñar”, explica. En todo caso reconoce que no deben ser un sistema cerrado: “Puede que estemos en un momento de revisión o ajuste de las mancomunidades y comunidades históricas, pero no hay que reconocer que su labor ha sido muy importante”.
En la misma línea, Eugenio Paya, presidente de una de las mancomunidades más pequeñas, la de Comunidad de Pinares, formada por Migueláñez, Domingo García y Ortigosa de Pestaño, defiende que esta organización ha llevado a cabo durante décadas una labor imposible para los pueblos por sí solos. Su Comunidad gestiona el aprovechamiento en común de los pinos albares y negrales que pertenecen pro indiviso a los tres municipios socios. “Lleva activa más de 200 años y ahora, con la vuelta de la resinación, se ha recuperado su explotación”, recuerda. Sin embargo, ahora la Junta se lleva el 15% de los recursos al ser la administración que administra la gestión forestal a través de la Consejería de Medio Ambiente, aunque la propiedad corresponde a los tres municipios segovianos.
Eugenio Paya echa la vista atrás para recordar que la actividad que desempeñó la Comunidad de Pinares fue tan importante, que permitió durante décadas ser una destacada fuente de ingresos para las arcas municipales. Además evitó que sus vecinos no tuvieran que pagar impuestos. Los nuevos modelos económicos y las redistribuciones de competencias han provocado ahora cambios en las mancomunidades.
Otro alcalde recuerda que hace poco tiempo la administración regional impulsó las mancomunidades con ayudas a la adquisición de maquinaria. Ahora, en cambio, se tiende a buscar su supresión.
