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Un juez ordena demoler los miniapartamentos

por Redacción
23 de noviembre de 2012
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Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia ordena, seis años después, la demolición de los 46 miniapartamentos ilegales que Hontanilla de Santo Domingo construyó en el interior de unos muros de contención en una finca junto al río Eresma, un escándalo urbanístico que entonces le costó el acta de concejal a Ángel Sancho (PP), vinculado a la promotora.

Según desveló ayer el alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, en su habitual rueda de prensa de los jueves, la sentencia considera “ajustadas a derecho todas las resoluciones, que no son pocas”, adoptadas por el Ayuntamiento en este caso, que incluyeron la paralización de las obras y la imposición de sanciones a los responsables de las mismas. Los promotores acudieron a la justicia para impugnar las decisiones municipales, que ahora han sido ratificadas por el Juzgado.

La sentencia determina que las obras, que crearon “soluciones vivenciales” en el interior de lo que debían ser unos muros de contención, no se ajustan a la licencia concedida, y no puede entenderse tampoco que concurra un interés público, como habían sostenido los promotores, alegando que los miniapartamentos se iban a alquilar a alumnos de la entonces Universidad SEK; por todo ello, el juez entiende que “procede la demolición”, por considerar que se ha incumplido la licencia, que las obras son incompatibles con el planeamiento urbanístico vigente y que es imposible su legalización.

El juez sí estima parcialmente el recurso, concretamente en lo que se refiere a las sanciones económicas, rebajando la sanción impuesta por el Ayuntamiento a la promotora, de 540.910 euros, hasta 40.500; y al arquitecto, desde 315.531 a 23.625 euros.

En cualquier caso, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y de hecho el alcalde ya anunció ayer que el Ayuntamiento recurrirá, al no estar de acuerdo con las sanciones económicas, ya que continúan sosteniendo que los hechos constituyen una infracción muy grave, y no solo grave, como entiende la sentencia. “Supongo que la otra parte también recurrirá, pero si no hay recurso, derribamos mañana, que después de seis años ya tengo ganas”, dijo el alcalde.

Arahuetes hizo además hincapié en la vertiente política del caso, por el que dimitió el concejal del PP Ángel Sancho. “La sentencia señala específicamente que los promotores estaban esperando que un cambio posterior en el planeamiento urbanístico hiciese posible legalizar los miniapartamentos, y eso solo es posible si gobiernas la ciudad; el PP no se puede ir de rositas”.

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