La constitución de la junta rectora es un paso más para proteger la Sierra de Guadarrama, un camino que se inició hace ya una década, cuando en 2002 las comunidades de Madrid y Castilla y León suscribieron un protocolo por el que se iniciaban los trabajos para definir el área a proteger.
Tras una procelosa tramitación, en diciembre de 2010 las Cortes de Castilla y León aprobaron la ley por la que se declaraba el parque natural “Sierra Norte de Guadarrama”, con una superficie de 83.620 hectáreas, la mayoría en Segovia. Previsiblemente, antes de que acabe 2012 se declarará el parque nacional de Guadarrama, que afectará a la zona de cumbres de la Sierra, con una superficie de 32.000 hectáreas.
Si un asunto ha sido debatido a lo largo del proceso ha sido, sin lugar a dudas, el mantenimiento de los usos tradicionales, considerado como “innegociable” por parte de los vecinos. Ayer, en la junta rectora, el asunto volvió a salir. El alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, José Luis Vázquez, insistió en que “la figura (del parque natural) no debe servir ni más ni menos que para garantizar lo que han sido los usos tradicionales que han hecho posible que estemos hablando de uno de los espacios más ricos de España en cuanto a diversidad biológica”. Desde UCCL-Segovia, Óscar Herrero lamentó que “casi siempre se habla de estos parques como zonas de recreo para los que van allí de las ciudades, olvidándose de los que están viviendo ahí”. Y Julio Vías, representante de oenegés conservacionistas, se posicionó a favor de que los daños del lobo “los tienen que pagar las administraciones públicas, no el pastor, pues el pastor es una especie en mayor peligro de extinción que el lobo, y no nos podemos permitir que desaparezcan las explotaciones ganaderas que han mantenido el paisaje”. La cuestión promete seguir coleando, pues los propietarios no cejan de hablar de los perjuicios que les ocasiona el parque.
