El alcalde de Segovia y presidente de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Arahuetes, aseguró ayer que «octubre puede ser mortal» para muchos ayuntamientos de España porque, si finalmente no reciben fondos del Estado, «no podrán siquiera abrir sus puertas ni prestar servicios esenciales» para los ciudadanos.
Arahuetes hizo ayer referencia a la advertencia del Ministerio de Economía de Hacienda de que en octubre podría dejar de transferir a 2.574 ayuntamientos de España su parte correspondiente a los ingresos de la recaudación de impuestos por no haber liquidado el ejercicio fiscal 2010 antes del 31 de marzo. Según explicó Arahuetes, 730 ayuntamientos de Castilla y León estarían en esta situación, 105 de ellos en la provincia de Segovia, asegurando que los fondos estatales por recaudación de impuestos suponen, de media, el 30% del presupuesto de muchos ayuntamientos.
«En octubre ese dinero no lo van a tener muchos ayuntamientos y en la FEMP nos preocupa que, dada la crisis económica, haya consistorios, de pequeño tamaño, que no puedan abrir sus puertas porque, por ejemplo, no puedan afrontar el pago de la factura de la luz», indicó.
flexibilidad El alcalde de Segovia explicó que, en calidad de presidente de la Comisión de Hacienda de la FEMP, ha recabado el compromiso del Ministerio de que aquellos ayuntamientos que presenten las liquidaciones del ejercicio 2010 durante el mes de septiembre puedan recibir en octubre los fondos.
Tras indicar que el Ministerio «va a ser flexible», Arahuetes señaló que los ayuntamientos tienen que ser «serios», expresando su perplejidad por que más de 2.500 municipios no hayan liquidado aún sus cuentas, en cumplimiento con la Ley de Economía Sostenible, aprobada por las Cortes Generales y que fijo el 31 de marzo pasado como la fecha tope para la presentación de las cuentas auditadas.
Arahuetes recordó que la FEMP ya presentó las correspondientes alegaciones a este capítulo de la Ley de Economía Sostenible, porque «ya dijimos que los ayuntamientos no estaban preparados para liquidar sus cuentas antes del 31 de marzo».
«Los legisladores no tienen en cuenta que todos los ayuntamientos no tienen suficientes medios técnicos y humanos, muchos son muy pequeños, sabíamos que esta situación se iba a producir y por eso nos opusimos», indicó Arahuetes, quien lamentó que el Ministerio hiciera caso omiso de las alegaciones de la FEMP ante una norma «perjudicial» para los municipios. «Nos gustaría que se escuchara más a los alcaldes», dijo.
El alcalde segoviano indicó que en estas circunstancias es cuando las Diputaciones Provinciales deben pasar a la acción. Según Arahuetes, «la mayoría de los 105 ayuntamientos de la provincia de Segovia en riesgo de no recibir fondos no liquidan sus cuentas por falta de recursos técnicos y humanos, aquí es donde la Diputación tenía que prestar ayuda o asesoramiento para que presentaran las cuentas dentro de plazo».
Reforma injusta.– Arahuetes reiteró su rechazo al pacto entre PP y PSOE de reforma constitucional para limitar el déficit público. «Respeto el acuerdo, pero aunque sea solo por estética, lo mínimo había sido dirigirse a la FEMP y consultar e informar sobre una reforma que tendrá consecuencias para los ayuntamientos», dijo Arahuetes, quien recalcó que «PP y PSOE han ninguneado a los ayuntamientos».
El alcalde de Segovia y presidente de la Comisión de Hacienda de la FEMP indicó que se trata de una medida que «invade» la autonomía municipal y que es «injusta» en su tratamiento, dado que «hay ayuntamientos con déficit y otros incluso con superávit y no se puede ahora tratar a todos por igual».
A modo de ejemplo, indicó que el Ayuntamiento de Segovia arrastra una deuda viva de 25 millones de euros, mientras que el de Ávila, de similar población, atesora una deuda que asciende a casi 50 millones de euros, lo que supone que «ellos han invertido más y ahora la norma es igual para los dos».
A juicio de Arahuetes, «no se puede tratar a todos los ayuntamientos de la misma manera (…) se deberían marcar unas pautas de reducción del déficit y del endeudamiento de las corporaciones locales en función de su singularidad».
Por último, el alcalde se declaró “en contra” de la reforma, “tanto por las formas como por el fondo”, porque, según recalcó, “afecta a muchos ayuntamientos que no deberíamos soportar esta situación”.
