Los funcionarios de prisiones que ayer prestaron declaración como testigos en el juicio con jurado que se sigue en la Audiencia Provincial por la muerte de un interno en la cárcel de Segovia no vieron con claridad la agresión al fallecido; ninguno de ellos pudo precisar quién fue el autor del golpe que sufrió la víctima antes de desplomarse, ni si la agresión se produjo con las manos desnudas o con algún arma.
El primer funcionario en entrar en la sala donde se produjeron los hechos, desde la cabina en la que se encontraba, aseguró que vio la pelea inicial entre los dos internos y un tumulto de presos a su alrededor, y que cuando llegó la víctima ya estaba desplomada en el suelo. Posteriormente sacó de la sala a los dos reclusos que se estaban peleando, y, según declaró, no recuerda haber visto al acusado.
El funcionario que se encontraba con él en la cabina tampoco pudo aportar más datos sobre la agresión, aunque sí se refirió a las conversaciones que mantuvo con varios presos después del incidente, algunos de los cuales acusaron al ahora encausado; estas acusaciones de algunos presos contra el procesado fueron reconocidas también por otro de los funcionarios.
Algunos de los funcionarios llamados a declarar prestaron testimonio, a preguntas de las acusaciones, sobre el estado del suelo en la zona en la que se produjo la pelea, ya que la defensa atribuye el fatal desenlace al golpe de la cabeza de la víctima contra el piso, tras recibir el puñetazo que el encausado reconoce que le dio a la víctima. Los funcionarios coincidieron en señalar que era un suelo de terrazo, uniforme y sin aristas.
Tras las declaraciones del acusado, en la jornada del lunes, y de los distintos testigos, ayer, las sesiones del juicio se retomarán a las diez de la mañana de hoy, con los informes forenses y los testimonios de los peritos. Posiblemente las conclusiones finales de las partes no se presenten hasta la mañana del jueves.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía considera al acusado autor de un delito de homicio, con una petición de pena de doce años de cárcel, mientras la acusación particular, ejercida por la hija menor del fallecido y la madre de ésta, considera al acusado culpable de asesinato y pide 16 años de prisión. La defensa del acusado califica los hechos de homicidio por imprudencia y pide una condena de un año.
Además, todas las partes consideran al Estado responsable civil subsidiario, al haberse producido los hechos en el interior de un centro penitenciario. Por ello, la acusación particular entiende que el Estado debe hacerse cargo de las indemnizaciones que pide, 250.000 euros para la hija del fallecido y 100.000 para su madre; la Fiscalía rebaja las cantidades, mientras la defensa solo contempla una indemnización de 71.000 euros para la madre.
