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El valor de la palabra sin mordaza

por Redacción
4 de diciembre de 2009
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El secretario general de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Javier Arenas, ha asegurado hoy que el mayor riesgo que existe actualmente sobre la libertad de expresión en España es la precariedad laboral en los medios de comunicación, que este año ha supuesto la pérdida de 3.000 empleos.

Arenas pronunció ayer una conferencia sobre «Libertad de expresión: Defendida por la Constitución, amenazada por la crisis» en el marco del acto institucional organizado por la Subdelegación del Gobierno de Segovia con motivo del XXXI aniversario de la aprobación de la Constitución Española, que este año ha querido homenajear a los medios de comunicación.

El acto contó con una amplia representación de las distintas instituciones públicas y privadas de la provincia, así como de parlamentarios nacionales y regionales del PP y del PSOE, responsables de las centrales sindicales mayoritarias y de las fuerzas de seguridad del Estado.

En su intervención, el periodista trazó un sombrío panorama sobre los efectos de la crisis en los medios de comunicación, y aseguró que esta situación trasciende lo económico para «poner en cuestión el modelo y la identidad, y está teniendo efectos demoledores sobre las plantillas y, consecuentemente, poniendo en riesgo la calidad».

«Si en tiempos de censura la amenaza era la cárcel, ahora el destino de muchas voces que quedan calladas en el periodismo son las oficinas del INEM»,manifestó Arenas.

Además, señaló que las organizaciones profesionales en las que se agrupan los periodistas «defendemos el empleo y el buen periodismo no sólo como objetivo permanene, sino además ahora como una tabla de salvación, porque sólo hay futuro desde el ejercicio responsable de la información».

Sobre este último aspecto, realizó un análisis autocrítico sobre el tratamiento informativo que se dispensa a muchos acontecimientos, y ha puesto como ejemplo el caso de Diego Pastrana, el jóven tinerfeño acusado del asesinato de su hija que finalmente fue exculpado tras las conclusiones del análisis forense.

En este sentido, Arenas indicó do que los medios de comunicación «no queremos ser neutrales ante las peores lacras de nuestra sociedad actual como la violencia de género, pero nunca se debe eliminar la presunción de inocencia ni actuar desde la urgencia informatova o querer lograr a costa de lo que sea los máximos niveles de audiencia por encima o en lugar del rigor».

También añadió que a la hora de dar la noticia, «no debe imperar la velocidad sobre la credibilidad, un concepto ahora doblemente necesario en un momento en el que el periodismo necesita reafirmar ese plus frente a los embates de una comunicación más abierta, sin fronteras en el espacio».

El secretario general de FAPE ha recordado también que en muchas partes del mundo «todavía no se reconoce la libertad de expresión, o si existe es papel mojado, y en demasiadas ocasiones, la prensa y los periodistas somos aún hoy particular objeto de acoso».

Por ello, animó a los profesionales de la información y a la ciudadanía a «trabajar por mantener la conciencia social a favor de la libertad de expresión, exigiendo y defendiendo a los periodistas que desarrollan su tarea en cualquier ámbito».

Tras la conferencia, los representantes de la Asociación de la Prensa de Segovia, Asociación de Informadores Gráficos; Juan Martín Misis y Asociación de la Prensa Deportiva Javier Martín Mesa recibieron una placa conmemorativa de este acto, que en nombre de todos ellos agradeció en un breve discurso el representante de la APS, Aurelio Martín.

En su breve alocución, Martín recordó que los periodistas «son los que garantizan la difusión de contenidos de calidad, contrastados y respaldados por la ética profesional» y en este sentido ha señalado que la defensa y observancia de las reglas y códigos deontológicos de la profesión «justifican la creación del Colegio Oficial de Periodistas de Castilla y León».

Asimismo, ha pedido a los poderes públicos que «tengan en cuenta que las informaciones sobre datos o hechos concretos no se las pide un medio concreto, sino que los destinatarios son los ciudadanos a quienes se deben».

También ha expresado su deseo de que las instituciones «no caigan en la tentación de controlar los medios de comunicación, incluso con riesgo de incurrir en arbitrariedades».

El acto concluyó con la entrega de recuerdos a los 35 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) jubilados este año, que recibieron las distinciones de manos de los responsables de los distintos servicios estatales. (Ver relación en cuadro conjunto)

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