Los ministros comunitarios de Agricultura, además de continuar con los debates sobre la reforma de la Política Agrícola Común, deberán hacer un hueco en su reunión de la próxima semana para analizar la actual situación de las cabañas ganaderas por la fuerte subida de los precios de los piensos y la estabilidad o rebaja de los costes de los productos ganaderos, carnes o leche. A corto plazo, dados sus graves problemas de rentabilidad, existe el riesgo de que se produzcan abandonos masivos de la actividad con los consiguientes efectos negativos para el abastecimiento del mercado interno de productos ganaderos y derivados, con mayores importaciones. Se trataría de un nuevo caso de dependencia externa, y el riesgo de que en el futuro los consumidores comunitarios deberían pagar precios más altos por esos productos. Pero, además de esa situación, la caída en la actividad ganadera supondría dejar ya totalmente roto el medio rural ante la importancia que tiene esa actividad sobre el medio ambiente y el mantenimiento de la población. En ese nuevo escenario, sobrarían ya esas grandes leyes de desarrollo rural y las recomendaciones del Grupo interministerial para el sector agroalimentario y quedaría sin efecto la estrategia de la nueva ministra Rosa Aguilar de lograr un sector agrario verde y sostenible.
Sobre el papel, la subida de los precios de los cereales y, en consecuencia, de los piensos, respondería a un problema de desajuste entre oferta y demanda. La salida sería sacar más cereal a los mercados y con ello frenar la actual ola de incrementos. Sin embargo, esa respuesta no es factible porque no hay grano almacenado en los organismos públicos. Pero sí existe la posibilidad de adoptar otras medidas pensando, tanto para apoyar al sector ganadero ante una crisis como la actual.
Frente a la crisis actual de precios y rentabilidad de la mayor parte de las cabañas ganaderas, las medidas posible para atajar la situación se podrían dividir en tres grandes bloques: fiscales y financieras, mercados cerealistas y clarificación de la cadena alimentaria.
Al margen de la evolución de los precios de los piensos, para el sector ganadero sería un apoyo la posibilidad de que la Administración española elevara el IVA percibido en la venta de los productos ganaderos del 8,5% al 10% para equiparar el mismo al impuesto de los productos agrícolas. En la misma línea de apoyo se hallaría la posibilidad de suprimir impuestos como el IBI en las explotaciones ganaderas. No se pueden descartar medidas financieras, aunque, ante situaciones de crisis y con créditos sobre créditos, el sector no está para endeudarse más, sobre todo, si no se ve un futuro con cierta claridad por delante. Apoyar al sector ganadero en momentos como éste sería una mejora en el sistema de los seguros agrarios. Con carácter general sería un paso adelante aumentar los apoyos para las zonas desfavorecidas donde las explotaciones tienen un alto riesgo de cierre. El problema en este caso es que los presupuestos nacionales han sufrido este año un duro recorte y sería indispensable sacar fondos del desarrollo rural procedentes de Bruselas.
Un segundo campo donde se podría actuar para mitigar la actual crisis se halla en los mercados de cereales, aunque las salidas tampoco tienen un gran margen de maniobra.
Los cambios introducidos en los últimos años por la Comisión en los mecanismos de regulación para evitar compras y reducir gastos en el mantenimiento de excedentes, han dado lugar a que esta campaña, Bruselas contara solamente con 5,7 millones de toneladas de cereal, sobre todo de cebadas. Hasta la fecha, ese cereal se ha adjudicado en pequeñas partidas, razón por la cual su salida al mercado no se ha notado, ni ha tenido ningún efecto. Otra razón por la que estas ventas tampoco se han notado, ha sido el precio elevado de cesión, a una media de 180 euros tonelada. Desde el sector se reclamaba que las ventas de ese cereal se hubieran hecho mas de golpe y con mecanismos que supusieran su entrada en el mercado interior a precios más bajos. Con la política seguida hasta el momento, la venta de este cereal solo está suponiendo un importante negocio para las arcas comunitarias en cuanto está vendiendo a 180 euros tonelada un cereal adquirido a 100 euros tonelada. Ante esta situación, se reclama igualmente la posibilidad de que ese beneficio que tiene la Comisión se destine como apoyo a las explotaciones ganaderas.
Desde el sector se plantean otras medidas como la necesidad de que Bruselas diera luz verde para la utilización de proteínas animales en la alimentación de los rumiantes, algo que se prohibió a raíz de la enfermedad de las vacas locas hace una década. En la misma dirección de aumentar la oferta a unos buenos precios para las cabañas ganaderas, se reclaman más facilidades para la comercialización de los transgénicos, al igual que se hace en otros terceros países con quienes la UE tiene una posición de competencia.
Frente a los precios altos de los piensos y la crisis en el sector, la salida lógica debería ser la posibilidad de repercutir esos incrementos en los costes en el precio del producto final, en las carnes o en la leche. Pero, eso que es normal en otras actividades, no es posible en el caso del sector agrario, donde el poder de fijar precios se halla en muchos casos en las industrias, en los operadores, y cada vez más en los grandes grupos de distribución que imponen cotizaciones. Una futura política de contratos entre los productores y los industriales o los operadores, puede ser una parte de la solución a los problemas actuales de precios. Pero, la verdadera eficacia solo se puede lograr el día en que la producción organizada tenga capacidad real de negociación amparados además por una normativa que apoye especialmente a los productos perecederos.
Para mejorar las condiciones de los mercados de los productos ganaderos, medidas en positivo son igualmente todas las referidas a la claridad y la actuación en los mercados. Desde la perspectiva de las exportaciones, con medidas de apoyo para sacar producción al exterior.
En la parte contraria, llevando a cabo una política más rigurosa de controles sobre las importaciones de carnes procedentes de terceros países para que las mismas cumplan iguales exigencias que las requeridas en el marco comunitario, desde la alimentación a los controles sobre sanidad y bienestar animal.
Más allá del problema puntual de los piensos y los preciso bajos de las carnes, algo ya habitual y las posibles salidas, en el sector ganadero español subyace el debate sobre qué tipo de modelo de ganadería se quiere apoyar en el futuro, con posibilidad de ser competitiva.
